La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Repóublica (PGR), Mariana Benítez, afirmó que en este sexenio el arraigo se utiliza de manera excepcional, ya que mientras en 2011 las personas sometidas a esa medida cautelar fueron 2 mil 550, en 2013 fueron 630, es decir, hubo una reducción de 75 por ciento.

Hoy, en el centro federal de arraigos hay 35 personas, y desde luego solamente son casos excepcionales en materia de delincuencia organizada, sostuvo durante el 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrado en Washington, Estados Unidos.

La funcionaria precisó que la figura del arraigo, limitada para casos de delincuencia organizada, está regulada como medida excepcional.

Se trata de cumplir tres grandes fines: uno, proteger valores superiores, la vida de personas y bienes; segundo, proteger el éxito de la investigación y asegurar que no se fugue el indiciado.

En torno a esta medida se manifestó la Suprema Corte hace unos meses, sobre la limitante de que los estados no pueden legislar en materia de arraigo; entonces se deja a la Federación y, lo considera así la Corte, la libertad de legislar en esta materia.

En julio de 2013 La Jornada dio a conocer que durante la administración de Marisela Morales Ibáñez se construyeron –con un costo superior a 700 millones de pesos– dos nuevos centros de arraigo, que siguen sin operar por decisión del procurador Jesús Murillo.

Uno está en la colonia Tacubaya, muy cerca de avenidas como Periférico, Revolución y Viaducto, y se hizo remodelando lo que fue el hotel Gran Sol. El otro se encuentra la delegación de la PGR en Cuernavaca, Morelos. Entre los dos tienen celdas para albergar a más de mil 600 personas sujetas a investigación.