La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Lía Limón, reconoció que existe un rezago de alrededor de 85 expedientes de casos presentados ante el Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Reconozco que el mecanismo tiene retos, los cuales atenderé de manera conjunta con los integrantes del mismo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del consejo consultivo, señaló.

Sin embargo, evitó responder a las críticas y acusaciones en su contra acerca de presunto desorden administrativo y supuesto hostigamiento laboral en el área que encabeza.

El mecanismo debe atender solicitudes de apoyo, interpuestos por comunicadores o activistas que afirman haber sido amenazados o consideran que su vida corre peligro por el ejercicio de su función, por lo que recurren a esta posibilidad de custodia, cuya coordinación está a cargo de la SG.

La instancia opera con base en un fideicomiso cuya bolsa es de poco más de 200 millones de pesos; una vez recibida la solicitud, los responsables deben analizar de inmediato cada asunto y determinar el nivel de peligro; impulsar protocolos, medidas preventivas y, en su caso, acciones urgentes de protección.

Consultada sobre el particular, Lía Limón respondió:

En efecto, hay retos y un rezago importante que se debe abatir; invito a los integrantes del consejo a resolver las cosas juntos. Comparto la idea de que debemos armar una estrategia de solución.

Las denuncias rondan en la existencia de desórdenes en el andamiaje administrativo y en los recursos.

Lía Limón, subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, admitió que hasta febrero había recibido 152 solicitudes de protecciónFoto Guillermo Sologuren

La funcionaria dijo a La Jornada que es necesario revisar y ordenar la operación de esta instancia creada en 2012, la cual había recibido, hasta febrero, pasado 152 solicitudes de protección.

El mecanismo debe seguir funcionando; me comprometo a preservar el diálogo respetuoso con los miembros del consejo consultivo, aseguró.

El lunes pasado, los integrantes del consejo consultivo se retiraron de la sesión (donde se habló del rezago de 89 expedientes y, al final de la misma, ya sin la presencia de los representantes de organizaciones civiles, se habrían resuelto tres o cuatro casos).

Los activistas entregaron a la subsecretaria una carta en la que exponen su preocupación por la falta de atención a decenas de solicitudes de apoyo.

La subsecretaria ofreció un trabajo conjunto con las organizaciones civiles, pero evitó responder a las acusaciones de un grupo de funcionarios del mecanismo, en el sentido de que presiona y maltrata a su personal.

En efecto, la carga de trabajo en Gobernación es fuerte; no voy a discutir el punto en los medios de comunicación. Yo estoy absolutamente tranquila, señaló.

Así es el trabajo, agregó; “se requiere de muchas horas extras. El titular la Unidad de Derechos Humanos y responsable del mecanismo renunció el pasado 15 de marzo, aunque la subsecretaria afirma que la salida de Juan Carlos Gutiérrez no tiene nada que ver con el rezago en el área.