Los padres de los cuatro jóvenes mexicanos que fallecieron durante el bombardeo del ejército colombiano en la localidad Sucumbíos, Ecuador, el 1° de marzo de 2008, presentaron ayer una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicho organismo admita el caso a análisis.

Con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, una representación de los familiares de las víctimas acudió ante la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos, para fundamentar su petición.

En ella, los padres de Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo, asesinados durante el bombardeo, así como de Lucía Morett, única sobreviviente, argumentan que la CIDH admitió en 2011 el caso de Franklin Aisalla, joven ecuatoriano que también murió en el ataque ocurrido hace seis años.

Termina la etapa de guerra y odio

Tras subrayar que la responsabilidad de este crimen de lesa humanidad es del ex presidente colombiano Álvaro Uribe y su sucesor Juan Manuel Santos, los familiares de las víctimas afirmaron que la solicitud ante la CIDH marca el fin de una etapa de guerra y odio, sin renunciar a la exigencia de que los culpables sean castigados.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, explicó que en estos seis años ha logrado comprobarse una gran cantidad de irregularidades sobre el caso en los tres países involucrados en el incidente de Sucumbíos.

En primer lugar, se descubrió que el bombardeo para asesinar al líder guerrillero Raúl Reyes fue planeado al menos desde 2007, y que el ejército colombiano sabía que en el lugar donde ocurrió la llamada Operación Fénix había personas no combatientes, afirmó el litigante.

El ataque, además, habría sido concretado por aeronaves estadunidenses que salieron de la base militar de Tres Esquinas, en territorio de Colombia. Y las autoridades ecuatorianas colaboraron con el bombardeo al apagar sus sistemas de rastreo aéreo para que no quedaran evidencias de lo ocurrido, permitir que soldados colombianos estuvieran presentes en el interrogatorio de Lucía Morett –durante el cual la joven fue torturada– e incurrir en diversas omisiones en las indagatorias.

En esta misma línea, el Estado mexicano, por conducto de la Procuraduría General de la República, no ha avanzado en las investigaciones sobre lo ocurrido, configuró la averiguación previa con diversos errores y no hizo nada para proteger los derechos consulares de las víctimas, más allá de repatriar las cenizas de los fallecidos.