Buenos Aires, 27 de marzo.

El gobierno de Argentina anunció hoy una reducción de subsidios que se aplican a las tarifas de gas y agua para los consumidores residenciales, los comercios y los usuarios de GNC (gas envasado) para reasignarlos en gasto social y lograr un consumo responsable.

La medida fue anunciada por los ministros de Planificación y Economía, Julio de Vido y Axel Kicillof, respectivamente, y se aplicará a partir de abril para reducir en tres etapas entre 17 y 80 por ciento estos subsidios.

En conferencia de prensa se explicó lo que llaman la puesta en marcha de un Programa de Reasignación de Subsidios y de Consumo Responsable para los servicios de gas natural y agua potable que -dijeron- beneficiará a los sectores de menores recursos y fomentará la competitividad de la industria.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que esta medida no tiene nada que ver con un tarifazo, sino con la equidad, y destacó que en los últimos años hubo importantes aumentos salariales y que en su momento el país necesitó de los subsidios, para alentar el consumo.

Precisamente Kicillof había analizado que la política de subsidios se mantuvo desde que llegó el ya fallecido presidente Néstor Kirchner al gobierno en mayo de 2003, reivindicando esa política, por las necesidades de esos momentos.

Asimismo, las autoridades buscan generar un consumo responsable y por esta razón es que aquellos usuarios que comiencen a cuidar el consumo de gas y agua serán premiados con el mantenimiento de la ayuda estatal.

Las resoluciones oficiales se inscriben en el marco de una reconsideración general de los cuadros tarifarios. Se comenzó por el gas y el agua porque se trata de servicios menos complejos para revisar desde el punto de vista tarifario, que los correspondientes a energía.

En el caso de la luz son siete las distribuidoras; las tarifas son más diversas y es más complicado ubicar los niveles de usuarios por poder adquisitivo, señalan fuentes oficiales, de acuerdo al periódico Ámbito Financiero.

El incremento que se terminará pagando por el gas en los hogares será de entre 100 y 284 por ciento y en las facturas de agua ese aumento va de 270 a 406 por ciento.

En el caso del gas, el aumento promedio en las tarifas será de 230 por ciento en total, donde para los residentes de menor consumo las tarifas aumentan 100 por ciento mientras que para los de mayor consumo el incremento alcanza un máximo de 284 por ciento.

Si un usuario consume un 20 por ciento menos que el mismo bimestre de 2013 continuará pagando el mismo importe. Desde el gobierno rechazan públicamente la necesidad de bajar el gasto público e insisten que los fondos que se obtengan por la eliminación parcial de subsidios serán redireccionados a gastos social.

No obstante, si por el aumento de tarifas se lograra que la población disminuya el consumo de gas, el Estado se verá beneficiado en un ahorro de divisas por la importación del fluido. En tal sentido, se comenzará una campaña de difusión de medidas para alentar el ahorro del consumo energético, señala también Ámbito Financiero.

De la eliminación de subsidios están excluidos numerosos sectores como los jubilados o pensionados que perciban la mínima; todos aquellos que reciban algún programa asistencial, o el listado de aquellos que ya sufrieron la quita de subsidios. También se habilitarán para aquellos que consideren que no pueden pagar los nuevos valores.

Quedaron excluidas las industrias ante la necesidad de no afectar al crecimiento de la economía y que los sectores no pierdan competitividad, aunque, como advirtió Kicillof, los subsidios se perderán si se aumentan injustificadamente los precios. La decisión fue bien recibida por las industrias intensivas en el uso de gas y agua, como el caso de las petroquímicas.

Por su parte, Kicillof argumentó que esta eliminación de subsidios no es una política de ajuste y subrayó que no se lleva a cabo por necesidades de caja. Es más advirtió: Los que piden el ajuste se han equivocado de gobierno.

Por otra parte, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, advirtió hoy que el próximo 10 de abril se asegurarán los servicios públicos, ante el anuncio de un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que dirige el camionero Hugo Moyano y al que acompaña por izquierda la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que lidera Pablo Micheli. Ambas organizaciones conforman un sector disidente y contrario del gobierno actual. La CGT oficialista está dirigida por el metalúrgico Miguel Caló y la CTA afín al gobierno es liderada por el docente Hugo Yasky, que no participan en el paro.