Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe a los deudos de los 37 trabajadores de la empresa Conservación Pilotes de Control muertos el 31 de enero de 2013 en la explosión del edificio B-2 de Petróleos Mexicanos (Pemex) qué fiscalía o unidad de investigación es la que desahoga la averiguación previa sobre la explosión en las instalaciones de la paraestatal.

El juzgado séptimo de distrito en amparo penal ordenó también a la PGR que se conceda a las víctimas el acceso a la indagatoria, pues a más de un año de esos hechos los afectados aún no han podido revisar el expediente.

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, ya fue notificado del amparo concedido a las familias afectadas y recibió la advertencia de que si no cumple con la orden judicial se le impondrá una multa.

En tanto, al menos tres familias que perdieron a algún integrante el día del accidente en el edificio de Pemex iniciaron los trámites para demandar por la vía administrativa a la paraestatal, a fin de que sea obligada a indemnizar a los afectados.

Se trata de demandas en las que se pide al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que condene a Pemex por responsabilidad patrimonial, lo que implicaría indemnizaciones millonarias a cada una de las familias de los trabajadores muertos.