Representantes de comunidades originarias, campesinos y ejidatarios de Nayarit, Jalisco y Durango solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no autorizar la manifestación de impacto ambiental para la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit. Advirtieron que de avalar el proyecto, se cometerá no sólo un ecocidio, sino también un etnocidio.

En conferencia de prensa, Julián López, vocero del Consejo Indígena Náyeri (cora); Marcelina López de la Cruz, representante del pueblo wixárika (huichol); el ejidatario José Antonio de la Rosa y Marco Moreno Torres, del Consejo Intercomunitario Río San Pedro, señalaron que el lunes tuvieron una reunión con Rafael Paquiano, subsecretario de gestión de la Semarnat, para explicarle las afectaciones que traerá la construcción de dicha hidroeléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijeron que el funcionario se comprometió a no otorgar el aval a la CFE mientras se analiza si habrá daño ambiental, cultural, religioso y étnico, y a no emitir el resolutivo hasta que se efectúe una consulta a los pueblos indígenas que colindan con el río San Pedro, en Nayarit.

Detallaron que cada año las crecidas del río benefician a más de 10 mil productores y generan 12 mil empleos, y que dicho proyecto hidroeléctrico dañará el bosque de manglar más importante del Pacífico mexicano, además de que afectará 113 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Nayarit y 45 mil de conservación de aves, donde habitan más de 120 mil residentes y migratorias, así como el trabajo de 300 mil habitantes que dependen de sus servicios ambientales.

Aunado a lo anterior, señalaron, con la construcción de la hidroeléctrica también se perjudicarán 14 sitios sagrados, dos de ellos centros ceremoniales, los cuales quedarán sepultados. Urge una consulta a las comunidades indígenas de la zona, advirtieron.

Acusaron que instancias gubernamentales han impulsado asambleas agrarias irregulares para aprobar el cambio de uso de suelo, y que quienes se oponen a este proyecto han sufrido intimidaciones y agresiones físicas.

Exigimos a los diferentes niveles de gobierno que se respete nuestro derecho a una consulta libre e informada, así como nuestro derecho al agua y a mantener nuestras tradiciones y sitios sagrados, subrayó De la Rosa.