El Congreso debió enviar al Instituto Federal Electoral (IFE) –o en su caso al instituto nacional de elecciones (INE)– la solicitud de consulta popular sobre la reforma energética, que presentaron los senadores del PRD con el apoyo de un millón 762 mil 242 firmas, para determinar si los peticionarios están legitimados y suman 2 por ciento del padrón electoral que exige la ley para continuar con el trámite, coincidieron en señalar las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.

Al iniciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el análisis de la consulta, en que senadores del PRD solicitaron al tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de su petición, las ministras reflejaron la división de criterios que se expusieron en la sesión pública.

Sánchez Cordero se manifestó porque la Corte señale al Senado que debe remitir la documentación y firmas recabadas por el PRD al organismo electoral para que éste determine si los peticionarios están legitimados y, de ser así, continúe el trámite. A su vez, Luna Ramos planteó desechar la petición, presentada el 4 de marzo, en razón de que cuando la hicieron los legisladores perredistas no estaban legitimados para hacer una solicitud de ese tipo.

Junto con Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo y Sergio Valls apoyaron el proyecto elaborado por Alberto Gelacio Pérez Dayán, que propone desechar la petición del PRD. Por su parte, Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar, Luis María Morales y Fernando Franco fijarán su postura hasta el próximo jueves.

Luna Ramos consideró que ‘‘el Congreso de la Unión debería remitir al IFE o al INE las cajas para que determine si están legitimados los senadores del PRD que, en su calidad de ciudadanos, solicitaron la realización de la consulta’’. El problema, explicó, es que ‘‘se adelantaron al proceso previsto en la ley’’, porque a quien le corresponde legitimar la consulta es al Congreso; a la SCJN le tocaría, en su momento, señalar si este ejercicio es constitucional, pero en una etapa posterior del proceso.

Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron en contra del proyecto y en el sentido de que sea la Suprema Corte la que solicite al Senado que envíe la documentación (las cajas con las firmas) al IFE (o al INE), para que éste valide las firmas y compruebe si la petición cumple con el requisito mínimo de que los solicitantes sean ciudadanos que representen al menos 2 por ciento del padrón electoral.

La ministra Sánchez Cordero coincidió con Cossío en que si bien el Congreso incurrió en omisión legislativa al no aprobar en el plazo ordenado (que venció el año pasado) la ley sobre consulta popular, los derechos humanos consagrados en la Constitución no pueden estar supeditados a que se apruebe la ley reglamentaria correspondiente. Sobre ello, el segundo dijo: ‘‘No estaríamos aceptando la supremacía constitucional, sino la supremacía legislativa’’.