obreza en amplios núcleos de la población, inseguridad y escasa aplicación de la responsabilidad oficial en materia de aplicación de justicia forman una combinación lesiva para el cuerpo social, sobre todo cuando entre sus componentes se encuentran las comunidades étnicas.

En una entidad donde casi 10 por ciento de la población tiene raíces indígenas urge un replanteamiento de la política pública que vaya en su ayuda, pues no sólo se trata de proporcionarles servicios de salud, educación e infraestructura, sino también de garantizarles certeza jurídica, sobre todo porque existen infinidad de casos en que, por no hablar español, mujeres y hombres purgan condenas verdaderamente injustas.

Naturalmente, hay algunos sentenciados acusados de delitos graves, cuyos casos quedarían fuera de consideraciones de elemental justicia. Otros, en cambio, habrían cometido ilícitos relacionados con las condiciones de pobreza extrema en que sobreviven más de 600 mil indígenas, con quienes los gobiernos tienen una deuda histórica, argumento que, por otra parte, resulta cómodo para justificar una añeja inacción.

En este sentido, hay medidas que por lo menos se sostienen por su significado social, como la anunciada ayer por el gobierno de Javier Duarte: 369 indígenas que purgaban sentencias por delitos no graves fueron indultados y salieron libres sin mayores restricciones. Es cierto que ante las condiciones de injusticia acumuladas durante cientos de años, actos como éste pueden ser sólo palitivos; sin embargo, en el ámbito de cada uno de estos ciudadanos representan –de ahí su valía– la posibilidad de restituir el núcleo familiar.

El gobernante también se refirió a la vertiente de la inseguridad y mencionó que, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre del año en Veracruz se cometieron 24 secuestros, hubo 20 víctimas de extorsión y 172 homicidios; no obstante, la incidencia delictiva ha disminuido 22.6 por ciento.