as variables políticas que caracterizan la situación en Venezuela han tenido continuidad en marzo respecto de lo ocurrido desde el comienzo de la ofensiva violentista de la derecha iniciada el 12 de febrero, aunque se pusieron en juego nuevos componentes que establecieron una dimensión que cada vez marca el sello externo y mediático del problema.

En cuanto a la situación política, la misma pareciera estabilizarse con una clara victoria del gobierno ante la intentona de la derecha por derrocarlo. Permanecen remanentes de violencia que en el caso de Caracas obedecen más a la necesidad mediática internacional de sostener el conflicto que al poder real de convocatoria de los partidos políticos. En la práctica, los manifestantes violentos no responden a los lineamientos del liderazgo político tradicional de los partidos de la derecha encarnados en Henrique Capriles, sino a uno emergente construido en torno a las figuras de María Machado y Leopoldo López. A ellos se les suma Antonio Ledezma, oscuro personaje de pasado adeco que ha reconstituido sus prácticas represivas.

El cansancio de ciertos sectores de la clase media que habita en las urbanizaciones del este de la capital y en general, de fracciones de la derecha que se ven asediados por la actuación vandálica de los manifestantes violentos se ve reflejada en las declaraciones que a comienzos de mes hizo el opositor y presidente de la empresa encuestadora Datanalisis, Luis Vicente León, quien manifestó que “esas personas quieren canalizar su energía en la búsqueda de una solución, pero no han encontrado nada ni a nadie que se las ofrezca de manera racional y estructurada. Y entonces explotan. Pero lo hacen sin tener ni un plan u objetivo concreto, ni una articulación formal. Y eso se traduce en una especie de estallido de acciones y emociones incontroladas. Y no es su culpa no saber cómo expresarse eficazmente.

La culpa, o al menos buena parte de ella, es de un liderazgo perdido, dividido, desarticulado y pobre que no es capaz de conducirla ni de conectarla por rutas creativas, articuladas y más sofisticadas que tirar piedras o quemar basura en una calle que, además, es su propia calle y no la del destinatario de su protesta.

En el mismo sentido, vale destacar la demanda interpuesta por el conocido abogado derechista Juan Ernesto Garantón, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo por incumplir con sus funciones y colaborar contra la tranca de las calles. Garantón manifestó: “soy vecino y necesito transitar por las vías del municipio… esto lleva días en un caos total”.

El gobierno, por su parte, ha actuado con suma paciencia para evitar la violencia innecesaria de las fuerzas de seguridad por un lado, y por otra, el desborde del pueblo chavista, molesto con la actuación de la derecha violenta. La mesura en la actuación de las fuerzas de seguridad contrasta con el pasado cuando las mismas instituciones desprovistas de mandos que sirvieran al pueblo volcaban todo su odio en la represión indiscriminada que provocaba cientos y miles de ciudadanos muertos, heridos y desaparecidos.

La mayor intensidad en las acciones violentistas se sigue manifestando en los estados Táchira y Mérida, donde la dinámica del conflicto sigue derroteros propios que tampoco tienen su conducción en los partidos de la derecha. En Táchira, las fuerzas paramilitares colombianas que tienen trascendental influencia en los destinos de ese estado han aprovechado el conflicto que vive el país a fin de hacer una práctica para medir las fuerzas que han logrado consolidar. Las formas violentas de actuar que han introducido desde hace algunos años en la práctica de la delincuencia común han comenzado a ser trasladadas al quehacer político con el objetivo de ampliar su base de apoyo y crear condiciones que permitan una virtual intervención de fuerzas militares extranjeras en el país. Los paramilitares colombianos en sí mismo son una fuerza militar extranjera en Venezuela que el gobierno no ha combatido con la fuerza y la contundencia necesarias. En ella se encuentra el principal contingente desestabilizador del país que está actuando ahora y lo hará en mayor medida en el futuro si no se le pone coto temprano.

La debilidad mayor del gobierno se ha manifestado en la incapacidad de impedir o al menos reducir el manejo mediático exterior que muestra un falso país en medio de una virtual guerra civil que no existe, pero que permite mantener la tensión a través de la magnificación en tiempo, espacio y magnitud de participación de las jornadas de violencia, las declaraciones de voceros del gobierno de Estados Unidos, además del de Panamá y sectores afines a la derecha española. En este sentido, no guarda ninguna relación la realidad del país con lo que se transmite a través de los medios en el exterior.

A nivel interno, el conflicto ha permitido –una vez más– la cohesión de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, así como de las fuerzas armadas y de seguridad no sólo en el manejo operativo del mismo, sino también en la visión doctrinaria de cómo enfrentar el intento de profundizar la situación hasta generar una crisis. Se ha hecho evidente que estas fuerzas armadas no son las de 1989. No están dispuestas ni operativa, ni sicológica, ni políticamente a reprimir al pueblo, pero asumen más que nunca el mandato constitucional de “…garantizar la independencia, la soberanía de la nación…” y “asegurar (…) la cooperación en el mantenimiento del orden interno”.

En el plano internacional, a pesar de la arremetida estadunidense y de los medios de comunicación, el contundente apoyo al gobierno de Venezuela en la OEA y Unasur es muestra de los cambios que están acaeciendo en el continente y que dan cuenta de que, al menos en el plano regional, Estados Unidos no tendrá apoyo para sus aventuras desestabilizadoras, lo cual no impide que –como en los casos de Honduras y Paraguay–, de encontrar base de sustento interno, apuntarán al derrocamiento del gobierno por la fuerza, para posteriormente encontrar una base jurídica que respalde y legitime su acción.

El contexto internacional da cuenta, cada vez con mayor certeza de que, como repite una y otra vez el presidente Rafael Correa, vivimos un cambio de época. Los sucesos que ocurren en diversos escenarios de la región y del mundo están dando elementos para entender que los factores de poder mundial están construyendo con suprema vertiginosidad un paradigma distinto de democracia. Venezuela no es ajena a ello y debería ser una responsabilidad compartida encontrar respuestas para las nuevas modalidades imperiales de actuación que cuestionan los basamentos propios de la democracia representativa que los poderes oligárquicos edificaron a lo largo de 200 años.

Finalmente, la gran responsabilidad del gobierno sigue siendo restablecer la normalidad en el funcionamiento de la economía. Aunque ha quedado claro que la derecha tiene objetivos políticos desestabilizadores, el soporte de su discurso está montado sobre las dificultades económicas y sobre ellas ha incidido su actuación a partir de un plan bien estructurado. En esa medida, el conflicto que se pretende establecer en las calles de forma permanente se soluciona haciendo que la economía responda de manera eficiente a las necesidades de los venezolanos.