La primera legislación secundaria por las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo federal se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. La Ley Federal de Competencia Económica, que pretende proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, colocando diques a los monopolios, fue respaldada por el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza.

La sesión en San Lázaro fue soporífera. Las curules de los legisladores –en su notable mayoría– permanecieron vacías. Y el documento, que con anticipación había sido avalado en la Comisión de Economía, transitó sin contratiempos en el pleno donde la aplanadora PRI-PAN y su apéndice, el Partido Verde, rechazaron todas las propuestas de modificación promovidas por los partidos Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y del PRD.

El único cambio sobresaliente al texto fue el que presentó el presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz (PAN), y que la secretaria de la mesa directiva dio a conocer:

“En todos los casos la comisión deberá verificar que las medidas propuestas generarán incrementos en eficiencia en los mercados, por lo que no se impondrán éstas cuando el agente económico con interés jurídico en el procedimiento demuestre en su oportunidad que las barreras a la competencia y a los insumos esenciales generan ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia económica y libre concurrencia, superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan en una mejora del bienestar del consumidor. Entre las ganancias en eficiencia se podrán contemplar las que sean resultado de la innovación en la producción, distribución y comercialización de bienes de servicios.

El mismo Sánchez Ruiz desglosó en 12 puntos los cambios al texto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto. En ese listado destacan la definición clara de barreras a la competencia y libre concurrencia; en lo referente a la imposición por parte del Ejecutivo de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tendrá que determinar mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva; se incrementa el plazo de 20 a 45 días para que los agentes económicos con interés jurídico manifiesten lo que a su derecho convenga.

En su participación en contra, Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) expuso que México se encuentra frente a un modelo económico agotado, y ahora se intenta profundizar en un modelo que ha demostrado no cumplir y ha empobrecido grandes sectores de la población, pues los jóvenes se encuentran sin empleo y sin alternativas; los hombres y mujeres de México están sufriendo los embates de un modelo económico que persiste en profundizar el proyecto neoliberal”.

También, Carlos Augusto Morales (PRD) ponderó la ley con la que el Estado deja su papel de testigo indolente e indulgente ante las graves injusticias que día con día cometen las empresas monopólicas. Es importante que estas prácticas abusivas que se cometen en contra de los que menos tienen, de manera ilegítima, puedan ser detenidas a través de la acción del Estado.