La iniciativa de legislación secundaria sobre telecomunicaciones y radiodifusión enviada por el Ejecutivo al Congreso va en contra de la reforma constitucional, violenta la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y, lejos de promover la competencia, podría generar desequilibrios del mercado porque en casos como el de Teléfonos de México (Telmex) no sólo se ordena la desagregación de su red, sino la confiscación regulatoria de su patrimonio, advirtieron especialistas en telecomunicaciones.

En coincidencia, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Ramiro Tovar Landa y el especialista Fernando Butler advirtieron que la divergencia que existe entre el trabajo realizado hasta ahora por el Ifetel con las herramientas legales que le dio la reforma constitucional y la propuesta del Ejecutivo generan una gran incertidumbre jurídica que podría llevar el caso a una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tovar Landa indicó que el Ejecutivo se excedió al impedir a Telmex cobrar servicios básicos como la interconexión, porque es algo que va en contra de cualquier principio económico. Fernando Butler advirtió que el gobierno federal cedió a las presiones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) al limitar la operación de medios comunitarios.

Para otros especialistas la iniciativa enmienda lo que el Ifetel no quiso ejercer cuando declaró la preponderancia, que son reglas claras para beneficiar a la gente y generar competencia. Consideraron que ahora el reto del Congreso consiste en enmendar la tibieza del Ifetel y mantener la energía antimonopólica de la reforma constitucional.

Criticaron la oposición del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la propuesta del Ejecutivo, y los acusaron de haberse convertido en enemigos de los consumidores, de la competencia de la libertad comercial, y de estar a favor de los monopolios.

Ramiro Tovar Landa señaló que el gobierno federal propone que las declaratorias de preponderancia se haga mediante un procedimiento que no fue el que siguió el Ifetel, por lo que de aprobarse la legislación secundaria habrá que definir si el regulador se repliega y repone el proceso, o si su declaratoria está firme, porque no corresponderá a lo que dice la ley. Además habrá que definir a qué concesionarios se les aplicará esa ley, porque los que ahora están declarados como preponderantes lo serán por lo menos 15 años.

Tovar explicó que el Ejecutivo subió el tono en las medidas a aplicar al agente económico preponderante en telecomunicaciones, ya que no sólo ordena la desagregación de la red de Telmex, sino que define que no podrá cobrar la interconexión en ningún caso, lo que no es económicamente viable porque no puede ordenar que un agente económico no recupere los costos mínimos.

Lo que la SCT está ordenando es la confiscación regulatoria de la infraestructura de Telmex, porque le está dando derechos a otros para que tomen la infraestructura del preponderante y eso va a generar un caos. El Ifetel ordenó que se desagregue la red de Telmex y que instale la infraestructura necesaria para que otros puedan acceder a su red, pero le permite el cobro de servicios como la interconexión.

Destacó que el Ejecutivo también endureció su postura sobre las televisoras al definir límites a los tiempos de transmisión de publicidad y puntualizar el impedimento de transmitir contenidos electorales disfrazados de entrevistas o información, pero no tocó a las grandes empresas de radio.

Fernando Butler coincidió en que no es viable para ninguna empresa no recuperar los costos al aplicarse el costo incremental puro, como pretende el Ejecutivo, en contraste con la aplicación del costo incremental promedio de largo plazo que ordenó el Ifetel para fijar tarifas por el uso de la red de Telmex.

Criticó que el gobierno federal haya cedido en esta iniciativa a las presiones de la CIRT al limitar la operación de medios comunitarios, al exigirles la misma tramitología y condiciones que a los grandes concesionarios, y restringirles que puedan vender espacios publicitarios para su subsistencia.