eorge Sorel nace en Cherburgo, Francia, en 1847. Fue un filósofo y se le considera un teórico del sindicalismo revolucionario; sin embargo, tuvo más influencia en el desarrollo de la teoría de la violencia revolucionaria sobre todas las cosas por sus obras que en 1935, exactamente cuando Trotsky desde París hacía un encendido llamamiento a instaurar el socialismo en todo el mundo.

En este sentido, meramente adjetivo, el término puede considerarse sustantivo y sinónimo de fuerza; al mismo tiempo se distingue de manera clara de la noción de poder y aquí dos diferencias entre violencia poder y fuerza, términos que en el terreno de la práctica política frecuentemente se usan indistintamente como sinónimos. En realidad no lo son y es por esto que nos interesa irnos con detenimiento en lo que a su uso práctico corresponde, y también trataremos de separar lo que estos términos implican para el luchador embravecido por las circunstancias.

El poder es la modificación de la conducta de los individuos o de los grupos, dotada por lo menos de un mínimo de voluntariedad, es decir, que el poder cambia la voluntad del otro, mientras la violencia es la alteración que perjudica al estado físico de los individuos o grupos. Básicamente el poder cambia la voluntad del otro, misma que al resistir el cambio concebido de manera diferente se genera la violencia y aumenta el grado de la misma.

La violencia, pues, se identifica plenamente con la acción política destinada a cambiar las estructuras del poder. Mientras ésta se despliega las autoridades que representan el sistema pueden caer en el error craso de pensar que de esta manera dará satisfacción a las demandas que se manifiestan como violencia revolucionaria.

Por otra parte, se define la fuerza, que se pone en juego como elemento que reacciona al estímulo de quienes abanderan la violencia revolucionaria como única salida al cambio profundo de las estructuras del poder.

Luego el poder político se perfila, como decíamos más arriba, como una acción reactiva a la presencia manifiesta de las demás fuerzas de menor cuantía completamente desorganizadas.

En una relación de cuando se dan estas alteraciones que emergen de la profundidad de estas sociedades puede suceder, y de hecho sucede, que surjan otros grupos con diferentes finalidades no coincidentes con la de los que han iniciado la acción; esto se debe al perfil a que la definición de los primeros grupos no es cabalmente rigurosa, pues la geografía también reclama su cuota y los climas calientes y con vegetación exuberante producen determinado tipo de rebeldías, mientras en zonas de altiplanos fríos causan diferencias muy sensibles de grupos con otros y de las finalidades que persiguen.

No se puede abrir otra calificación diversa de la inicial sin incurrir en graves errores por estos conceptos que se describen, y también en el caso de que la fuerza del Estado se esté manifestando ya también por la vía que le corresponde y que es el ejército.

El ejército nacional de un país está pensado para mantener el monopolio legítimo de la fuerza, como dice Max Weber, con toda claridad, en Economía y sociedad, en el tercer capítulo, al tratar los tipos de dominación. Dice el sociólogo, cuyo trabajo se distingue por el rigor y la precisión que emplea, sobre todo en sus definiciones, que debe entenderse por dominación, de acuerdo con la definición ya dada, la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo. Motivos meramente materiales y racionales con arreglo a fines como vínculo con el imperante y su cuadro implican aquí, como en todas partes, una relación relativamente frágil. Por regla general se le añaden contra motivos con arreglo a valores.

Aquí entra en juego, sobre todo en el caso de México, el concepto de legitimidad, que dejaremos para otro número, y sólo adelantaremos que un régimen democrático debe estar sustentado con toda claridad y con ninguna duda que el orden y la sustentabilidad de nuestras instituciones pueden y deben estar representadas única y exclusivamente por el ejército nacional, al mando en último análisis de quien es el presidente de la República, y no pueden ni deben las instituciones del país ser representadas por grupos informales del tipo de las autodefensas, desplazando en las funciones exclusivas que constitucionalmente corresponden al ejército nacional mexicano.