La estrategia de seguridad pública de gobierno de Enrique Peña Nieto contempla que las policías de todo el país trabajen con base en protocolos de operación que permitan la integración de información y documentación de casos para la judialización de las investigaciones de los delitos, en apoyo del Ministerio Público.

Asimismo, se pondrá en marcha un reordenamiento funcional y territorial para dar respuestas operativas ante organizaciones delictivas, partiendo de las características de los grupos de cada región y de sus índices de violencia. También pretende disminuir el número de violaciones a derechos humanos por los elementos de la Policía Federal.

De acuerdo con el proyecto que se elabora de Programa Nacional de Seguridad Pública, al cual tuvo acceso La Jornada, se busca la efectiva coordinación entre las dependencias federales de seguridad, y de éstas con las entidades federativas, bajo la conducción del secretario de Gobernación, coordinador del gabinete especializado México en Paz, también resalta que los responsables de dirigir la estrategia de seguridad pública en las entidades son los gobernadores en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las autoridades municipales de sus estados.

En ese contexto, el proyecto gu­bernamental considera que la cooperación internacional es esencial para hacer frente a las organizaciones delictivas trasnacionales. Por ello se fortalecerá el diálogo e intercambio de información y la colaboración con otras naciones, en especial con las de nuestra región; Estados Unidos y los países de Centroamérica. Todo ello bajo el principio de responsabilidad compartida y garantizando el pleno respeto a nuestra soberanía.

La pretensión de gubernamental es que la estrategia permita desarticular los grupos y organizaciones delictivas con mayores niveles de violencia; debilitar las estructuras financieras de las mismas por medio de la detención de operadores, contadores, administradores y personal financiero; romper los mecanismos intermedios de operación y vínculos con redes o cadenas de la economía del delito y con otras organizaciones delictivas, y recuperar territorios con amplia presencia de grupos y organizaciones delictivas.

El gobierno privilegiará el uso de la inteligencia por encima de la fuerza, a partir de la definición de procedimientos claros para la integración, análisis, explotación e intercambio de información que apoye la toma de decisiones a escala estratégica y operativa en la desarticulación de organizaciones delictivas.