l sistema electoral mexicano, por más que lo defiendan los actuales responsables del Instituto Federal Electoral (IFE) y quienes participaron inicialmente en su creación y condición, antes de cumplir una década en funciones dio señales de agotamiento. Estas señales se convirtieron en evidentes síntomas en los comicios presidenciales de 2006 y en síndrome electorero en los siguientes de 2012.

En concreto, sabemos que las elecciones se pueden intervenir de manera fraudulenta en el sistema cibernético de cómputo, en el relleno de urnas previo y posterior a la elección, en la elaboración de las actas, en la compra directa e indirecta de votos, en la propaganda teratológica contra un determinado adversario y en otras variaciones del mismo galgo. En todas, el factor dinero es primordial. Siendo así, quienes patrocinan las campañas o autopatrocinan la suya son los verdaderos electores y no quienes sólo depositan su votito en la urna el día de los comicios.

Identificada la democracia con la simple muda periódica de autoridades, pronto se vio que lo así llamado atendía menos a las realidades propias de un régimen democrático que a un incesante aluvión propagandístico. Esa democracia se ha visto que no satisface las premisas de una cabal representación política en los países con una tradición de sufragio efectivo y, por tanto, con un considerable grado de aceptación; menos aún en un país con una ortodoxia primitiva donde la clase política es impermeable a la participación ciudadana en el ejercicio de gobierno y a un gobierno del pueblo (no siendo del pueblo, un gobierno que sea sólo por y para el pueblo ya puede ser objeto de una holgada manipulación).

Entre las causas que han llevado a un increíble extremo de descrédito al sistema electoral mexicano están aquellas vinculadas a la vida antidemocrática, clientelar y cribada por corruptelas de los partidos políticos. Ellos forman individuos que respondan a la componenda, el privilegio y el pragmatismo a toda costa. Hablo de la generalidad, no de las excepciones: las hay, pero una golondrina no hace verano.

En este quebradizo e inflamable contexto, el Congreso de Nuevo León está en proceso de aprobar las candidaturas independientes como parte de una reforma político-electoral que tiene, en su carta de antecedentes penales, el rechazo a una iniciativa de ley de participación ciudadana planteada desde hace una década. Con ello, el partido en el poder proyecta quitar votos a los candidatos de Acción Nacional (PAN) y a los posibles candidatos de izquierda dotados de cierto imán para el electorado. No faltará el candidato independiente con el cual hacer alianza. Puede ser, inclusive, con aspirantes que aparezcan como desertores del PAN –ya son varios los que han dejado al blanquiazul– y aun con alguno de sus aspirantes que haya dejado sus filas teniendo como perspectiva la de lanzarse a la conquista de una candidatura independiente.

Por las características que tienen este tipo de candidaturas, se explica que quienes las han promovido con mayor intensidad sean, en su mayoría, políticos y políticas que se ubican en la periferia ideológica del PAN y cuyos recursos económicos se hallan por encima de los del ciudadano común.

Los candidatos que contienden al margen de los partidos en un costoso sistema de promoción electoral –el de México es acaso el más costoso del mundo– y como parte funcional de un régimen donde la desigualdad política se finca en el dinero, su independencia nace enana o muere ab ovo. Su dinero, en el caso de que lo tengan para poder pagarse la campaña, o bien que sea parte suya y parte de sus pares, siempre será una inversión económica que debe redituar ganancias. Para todo efecto práctico, no habrá diferencia alguna con los candidatos de los partidos políticos como hasta ahora reiteradamente lo ha mostrado la experiencia. El resultado será una serie de actos de corrupción traducidos a privilegios para los inversionistas, quebranto consecuente del programa de gobierno y del estado de derecho y marginación de los intereses de las mayorías.

En la esfera del Ejecutivo, el alquiler y la venta de independencias sería, muy probablemente, el rasgo más acusado. No descarto la importancia de voces que le dieran a las campañas otro sello; pero nunca pasarían de ser testimoniales. En el ámbito del Legislativo es posible que los candidatos independientes puedan aportar cierta oxigenación al rígido esquema de la línea partidaria. Aun no ganando votaciones, y dependiendo de la calidad de su intervención en la legislatura, el suyo podría ser un voto significativo.

Sin restarles importancia, pero siendo realista, las candidaturas independientes, como complemento de los partidos políticos, podrán restar algunos gradientes a la exacerbada lentitud de la transición democrática. Qué tan simbólica o efectiva pudiera ser esa resta, sólo la práctica podrá decirlo.