Las propuestas hechas llegar por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados están encaminadas a la privatización fáctica de los bienes hídricos del país, denunciaron integrantes de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, quienes impulsan una iniciativa ciudadana de ley general en la materia.

Agregaron que los planteamientos de Conagua se contraponen con el precepto constitucional de garantizar el derecho humano al acceso al agua y el saneamiento. Además conllevan una serie de riesgos para la población mexicana, pues plantean continuar con el sobreconcesionamiento de más de 130 acuíferos, así como el acaparamiento y la marginación hídrica, acusaron.

Con ese enfoque, señalaron, se conservaría el sistema de concesiones actual, que ha fomentado megaproyectos como la construcción de presas y privilegia los negocios sobre el derecho humano.

Oscar Monroy Hermosillo, académico de la UAM Iztapalapa e integrante de esa organización ciudadana, expresó en entrevista que la propuesta de Conagua es “complementaria a las reformas estructurales que están hechas para comercializar los bienes del país. Esta propuesta dejará muchas posibilidades para que el agua potable, que debiera ser para consumo humano principalmente, se vaya al fracking (técnica para la extracción de gas del subsuelo) y para que sean empresas las que la manejen. Garantizan el derecho humano al agua, pero tememos que será con base en una tarifa. Va a ser un negocio”.

Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace México, señaló que lo que propone Conagua privilegia el negocio, se parece mucho a la privatización del agua y realmente no resuelve los problemas que tenemos identificados en el manejo, la distribución y el saneamiento del líquido.

Añadió que la propuesta ciudadana implica un enfoque de cero descargas de sustancias tóxicas, en particular de los contaminantes generados en procesos extractivos e industriales, con base en la prevención y en la transparencia.

La iniciativa ciudadana Agua para Todos, Agua para la Vida también contempla, según explicó Nathalie Seguin, de la organización Fanmex, un nuevo sistema que distingue el líquido prioritario para la vida –que incluiría el de consumo humano y el agua para la soberanía alimentaria– del no prioritario (la que se usa en la industria, por ejemplo). Así, el uso de la última se otorgaría por concesiones, que dependerían de la disponibilidad de agua en la región en la que esté la indsutria, así como de verificar que no contamine el agua en sus procesos de producción.

A partir del 8 de febrero del 2012 el derecho al acceso al agua es un derecho humano reconocido por la Constitución.

El artículo cuarto de la Carta Magna exige en su tercer transitorio una nueva ley general de aguas, lo que implica cambiar la Ley de Aguas Nacionales que actualmente está vigente.

La iniciativa ciudadana Agua Para Todos, Agua Para La Vida elaboró una propuesta de Ley General de Aguas –con la participación de más de 450 investigadores y organizaciones de la sociedad civil de 27 estados de la República–, la cual será presentada formalmente como inciativa de ley cuando sus representantes recaben las firmas necesarias.