A pesar de contar con medidas cautelares del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, varios habitantes de la comunidad de Coyotepec, estado de México, continúan recibiendo amenazas de muerte y agresiones físicas por oponerse a que el gobierno municipal asuma el control del servicio de agua potable, recurso que se ha administrado por usos y costumbres desde hace más de 40 años.

Vicente Moreno, uno de los hombres amenazados, señaló en conferencia de prensa que el 5 de septiembre de 2013 fue blanco de un intento de homicidio en su propia casa, del cual pudo escapar, y recordó que su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado a tiros el 1º de julio de ese mismo año, en un incidente que la familia de la víctima atribuye al presidente municipal priísta Alfredo Anguiano Fuentes.

Por su parte, Sergio Velázquez, otro de los habitantes amenazados, señaló que por su actividad contra la municipalización del agua sufrió un atentado con arma de fuego el 10 de julio de 2013. Enfatizó que a pesar de que denunciaron los hechos ante las autoridades y muchos de ellos son beneficiarios de medidas cautelares, las amenazas y agresiones no han cesado.

Por lo anterior, los activistas agrupados en el Frente Popular 9 de Junio exigieron que las autoridades estatales ordenen la desaparición del gobierno municipal de Coyotepec, por las violaciones de derechos humanos que ha cometido o tolerado, y se nombren consejos vecinales de forma temporal.

Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, recordó que el caso de Coyotepec es tan grave que incluso un informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas documentó el clima de violencia e intimidación que se vive en dicho pueblo.