Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, reconoció en el Senado que el delito de secuestro ha aumentado 20 por ciento y las extorsiones 10.1 en esta administración, pero ello se debe, justificó, ‘‘a que en la medida que golpeamos a la delincuencia organizada en su capacidad financiera migran a cometer todo tipo de delitos’’.

Ello lo manifestó al comparecer ayer ante la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores para solicitar su ratificación como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en sustitución de Manuel Mondragón, quien renunció al cargo.

Durante su exposición, Rubido subrayó que la estrategia de seguridad de este gobierno se enfoca en una óptica de Estado y no de régimen. ‘‘Es necesario escuchar todas las ideas y todas las propuestas en un marco de absoluta pluralidad para abordar el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva transversal, multidisciplinaria y de largo plazo, siempre con un enfoque democrático sustentado en los esfuerzos de la sociedad civil y en atención a las particularidades de cada grupo social’’.

Ante los legisladores, el funcionario se comprometió a que, en caso de ser ratificado como comisionado, ‘‘el tema de los derechos humanos jugará un papel preponderante en las dos áreas más sensibles de esa instancia: los centros de prevención y readaptación social y la propia Policía Federal (PF)’’.

Rubido anunció que para el próximo mes de julio ‘‘estará conformada la primera parte de la gendarmería, con 5 mil elementos que serán la séptima división de la PF. Hasta el momento se cuenta con 4 mil 887 cadetes en proceso de formación y se ha seleccionado a 390 mandos’’, indicó.

El senador panista Salvador Vega Casillas le señaló que en Michoacán, el hecho de trabajar con los grupos de autodefensa ‘‘es un reconocimiento del gobierno federal de soltar el monopolio de la fuerza y el uso legítimo de ésta y dejarlo en manos de los ciudadanos’’.

Rubido sostuvo: ‘‘Quiero decirle, de manera categórica, que de ninguna manera el gobierno ha pensado en compartir el uso legítimo de la fuerza’’.

Esa, subrayó, ‘‘es facultad exclusiva del Estado, así como es una de sus funciones primigenias garantizar la seguridad; van aparejadas y, por tanto, no son susceptibles de ser compartidas. Todos los que cometan un delito van a ser sujetos a la ley’’.

Al término de su comparecencia, la comisión lo ratificó por unanimidad y será el próximo martes cuando el dictamen pase al pleno para que se apruebe su nombramiento.