llá por julio de 1997 el entonces inquilino de Los Pinos celebraba que las modificaciones a la Ley del Seguro Social por él promovidas permitieron crear un sistema de pensiones para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, de tal suerte que gracias a su creatividad se encontró la gran solución social al México moderno de hoy. Por esas fechas entraron en operación las llamadas administradoras de fondos para el retiro (Afore), las cuales –llueva, truene o relampaguee– cobran a los trabajadores jugosas comisiones, sin importar si hay pérdidas o ganancias para los ahorristas.

Tan eficaz fue la gran solución social aportada por el gobierno de Ernesto Zedillo, que a estas alturas hasta el propio Banco Mundial (uno de los impulsores de este sistema de pensiones justo) reconoce que ante un importante sector laboral informal y una alta movilidad entre éste y el formal, aún para aquellos que cuentan con un registro en un programa contributivo, es probable que no alcancen ni siquiera a obtener una pensión mínima garantizada debido a los bajos niveles en la densidad de cotización.

De hecho, apunta el Banco Mundial, México se encuentra entre los países de América Latina con bajos índices de cobertura en su población de adultos mayores, particularmente en pensiones para la jubilación y el retiro. A pesar de que ha reformado sus principales programas de pensión sustituyéndolos por sistemas de capitalización total, contribuciones definidas y cuentas individuales, estas acciones respondieron más a las presiones fiscales que venían generando y a la necesidad de fomentar el ahorro financiero, que a lograr una mayor cobertura.

En su origen, anota el organismo financiero, los programas de retiro se plantearon como esquemas de reparto y beneficios definidos, financiados en su mayoría mediante aportaciones de los trabajadores, el gobierno y los patrones. Algunas excepciones se encuentran en programas estatales o de universidades, pero “en la medida que no se constituyeron las reservas necesarias (o las destinaron a fines distintos, o de plano se las robaron), con el tiempo prácticamente todos fueron requiriendo recursos fiscales generales para hacer frente a sus compromisos con sus jubilados y pensionados. El costo fiscal es una de las razones principales que ha provocado que durante las últimas dos décadas los principales programas hayan sido reformados, sustituyéndolos en su mayoría por esquemas de capitalización total, contribuciones definidas y cuentas individuales –como el IMSS en 1995 y el Issste en 2007– aunque también se han producido reformas sólo paramétricas en otros”.

Así, el gobierno y los representantes populares simple y sencillamente se lavaron las manos, dejaron desprotegidos a los trabajadores y crearon un gran negocio privado para los dueños del dinero. Entre los esfuerzos más recientes se cuenta el de la aprobación de una generosísima la Ley de la Pensión Universal, que autoriza otorgar, a partir del primero de enero de 2015, una pensión muy por debajo de la línea mínima (versión oficial) de bienestar: 580 pesotes para las personas de 65 años y más (siempre y cuando no reciban otro tipo de pensión), quienes deberán esperar tres lustros (hasta el 2030, si es que sobreviven) para que tal pensión alcance los mil 98 bilimbiques. Pero como no alcanza para todos, se estima que esta carretada de dinero sólo la recibiría 66 de cada cien mexicanos de esa edad.

¿Y cuál es el panorama mexicano? Pues bien, de acuerdo con el Banco Mundial el 95.1 por ciento de los adultos mayores de 65 años en el primer quintil (20 por ciento de la población) que habita en zonas urbanas y el 87.2 en zonas rurales no recibe ingresos. En el segundo quintil la principal fuente de ingresos son las transferencias (incluyendo pensiones) que representan 45.7 por ciento de los ingresos en la población urbana y 63.5 en la rural. En estos últimos, el ingreso combinado tanto laboral como derivado de transferencias es la principal fuente para los quintiles III, IV y V, con participaciones de entre 45 y 55 por ciento.

En la comparación en términos de orden de magnitud de estos ingresos, se observa que para los primeros dos quintiles sus ingresos son menores a un salario mínimo, mientras para el tercer quintil en esta situación se encuentra el 87.6 por ciento de la población urbana y 96.2 de la rural. Más de 90 por ciento de la población en el cuarto quintil recibe un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos y sólo 48.1 por ciento de la población en zonas urbanas en el último quintil reciben ingresos superiores a cinco mini salarios, mientras en las zonas rurales este porcentaje es de 34.7.

Actualmente, señala el Banco Mundial, el sistema mexicano de pensiones puede caracterizarse de manera general por su dualidad y fragmentación. Dan cuenta de su dualidad la existencia de un sistema de seguridad social contributivo con un paquete definido de beneficios para los trabajadores del sector formal privado y del sector público, que coexiste con un conjunto de servicios y beneficios fragmentados no contributivos ofrecidos mediante diversos programas de asistencia social a la población en pobreza, de bajos ingresos y en el sector informal de la economía.

La forma en la cual se fue conformando condujo a que al final se contara con un sistema altamente fragmentado, enormemente heterogéneo en términos de beneficios y nula portabilidad. Adicionalmente mostraba importantes ineficiencias debido a que la falta de información adecuada sobre los distintos programas y la carencia de una entidad que centralizara dicha información impedía eliminar duplicidades en el pago de beneficios y la prestación de otros servicios. Pero de manera más importante, los niveles de cobertura de la población se mantuvieron bajos. En 2009, aproximadamente el 35 por ciento de la población económicamente activa estaba afiliada a un programa público de pensiones; el 6.6 recibía una pensión de alguno de estos programas y poco menos del 6 recibía algún apoyo de pensión de los principales programas no contributivos, por lo que poco más de la mitad de la población no se encontraba cubierta.

Las rebanadas del pastel

Y de cereza, el Banco Mundial advierte que a estas alturas el aumento en el número de cuentas registradas y administradas por las Afore son datos administrativos que reflejan muy poco la situación de la cobertura efectiva en pensiones. Más de la mitad de estas cuentas estén inactivas, provocando que muchos de sus titulares ni siquiera tengan derecho a la pensión mínima garantizada, pero sí al hambre.

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