a administración de Miguel Ángel Mancera está en un grave predicamento. El consorcio constructor de la línea 12 del Metro ha dado forma a una percepción que hasta ayer flotaba en el ánimo de quienes creían adivinar revanchismo y móviles políticos en el abrupto cierre de 12 estaciones de ese servicio de transporte público. En particular ha sido devastador el señalamiento del presidente de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Bernardo Quintana, de que tal cierre buscó provocar espectáculo y polémica, convertido en cosa de cambio de gobierno, entre entrantes y salientes.

No ha de creerse por sí misma la postura de las tres empresas partícipes de la construcción de la que ahora es llamada línea atorada, sobre todo si se recuerda que en nuestro país la asignación de contratos de obra pública, de la más pequeña a la más importante, pasa por entendimientos políticos y económicos casi institucionalizados (los diezmos, los moches). Tampoco ha de considerarse que el eventual esclarecimiento de los aspectos técnicos del asunto signifique olvido de los ribetes de corrupción que se hubiesen dado en la gestión de Ebrard y que siempre han rodeado a este tipo de obras magnas.

Pero, más allá de que se demuestren y castiguen los actos de impericia o corrupción de constructores y funcionarios anteriores, es al ligero Mancera a quien corresponde precisar lo que realmente ha sucedido. Sería terrible confirmar que se usó el expediente de la línea dorada para ajustes de cuentas entre el actual director del Metro, Joel Cuevas (quien se consideró fuertemente agraviado por el desenlace del caso del News Divine), y su entonces jefe, Ebrard. O el aprovechamiento y exageración de problemas reales por parte de Mancera para quitarse de encima al inquieto antecesor al que debe el puesto, pero con el que tiene fuertes diferencias (hasta de personalidad).

Mancera generó fuerte irritación social al guarecerse tras encuestas de opinión, bajo gran sospecha de falsedad, para imponer un aumento de tarifa al Metro (#PosMeSalto). Ahora resultaría devastadora la comprobación de que pudo evitarse el cierre de una parte de la línea 12 y que los problemas técnicos fueron sabidos a tiempo, pudieron corregirse y se detonaron mediáticamente por motivaciones meramente políticas (#PosLoAplaco).

El próximo domingo, el PRI desahogará un trámite de calendario. La tarjeta oficial, que servirá para asistir por la mañana a la Universidad del Claustro de San Juana, dice que el partido de tres colores se complace en invitarle a la ceremonia del 20 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, la cual estará encabezada por el dirigente formal, el mexiquense César Camacho. No asiste al priísmo ningún ánimo combativo o crítico respecto al turbio manejo político y judicial que se dio al histórico asesinato sucedido en Tijuana ni hay asomo alguno de autocrítica respecto al incumplimiento de las preocupaciones y proclamas de su entonces candidato presidencial en su recordado discurso de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución. Una ceremonia. Un homenaje. Discursos. Emotividad y exaltación del difunto. Nada más.

La complacida ritualidad del priísmo vuelto al poder forma parte del acelerado y vigoroso proceso de reinstalación de las peores prácticas de sometimiento en ese partido que hoy no tiene ni siquiera un asomo simulatorio de discusión interna, de vida política pujante. El regreso a Los Pinos ha reactivado el binomio clásico PRI-gobierno (como el calderonismo lo hizo descarnadamente con el PAN), con móviles para sus cuadros y militantes que se centran en el reparto de plazas de trabajo y en las expectativas meramente electorales, restaurando en el nicho central el concepto inmovilizante de la disciplina como coartada para callar ante las desviaciones conceptuales graves, como la reprivatización petrolera, y ante los resultados negativos que va acumulando la administración peñista.

El nuevo comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, anunció que en julio próximo estará lista una primera división de la gendarmería nacional que Enrique Peña Nieto había anunciado como objetivo importante, pero –ahora queda claro– tenía al removido Manuel Mondragón y Kalb como obstáculo (en ése y en otros temas). Rubido es un funcionario formado en las áreas de inteligencia y seguridad nacional (fue directivo en el Cisen) y fungió como subsecretario con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública durante un tramo del sexenio pasado.

Cuestionado por periodistas respecto al papel de las fuerzas civiles de autodefensa, Rubido quiso expresar de manera muy categórica que de ninguna manera el gobierno de la República ha pensado en un solo momento en compartir el uso legítimo de la fuerza, eso es una facultad exclusiva del Estado. Sin embargo, en un giro de discrecionalidad aplicable por las autoridades, colocando el criterio de los poderosos por encima del mandato de la ley, el comisionado pidió diferenciar cuando haya ciudadanos bien intencionados, que sienten que están salvaguardando sus intereses, o haya ciudadanos que crean que simplemente cambiándose de bando pueden delinquir desde otra frontera. Eso se tiene muy claro y por eso no podemos aceptar visiones maniqueas. Ah, pues sí.

Una joven lectora, cuyo nombre será resguardado, reporta que en la tarde del pasado 17 llegó a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el alto ejecutivo de Televisa José Bastón. Había viajado desde Miami, Florida, a bordo del vuelo 423 de Aeroméxico. Pero, “para sorpresa y molestia de la gran mayoría de pasajeros, Bastón era esperado por una oficial de Migración, quien lo condujo por la ‘línea’ del cuerpo diplomático. La servidora pública federal, obsequiosa, empujando un carrito, recogió de las bandas las numerosas maletas y paquetes del directivo, para conducirlo junto con sus guaruras de Televisa a la salida internacional sin pasar el filtro de Aduanas como el resto de los mortales”. ¡Feliz fin de semana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx