La Ley Federal de Competencia Económica, que reglamentará la reforma constitucional en la materia, será avalada el martes próximo sin cambios sustantivos al texto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto. La mesa directiva en San Lázaro dio declaratoria de publicidad al dictamen, una vez que la Comisión de Economía aprobó por mayoría en lo general y en lo particular el documento.

El grupo de trabajo de Economía consideró como argumentos de peso para respaldar el dictamen la apertura de productos y servicios más baratos para los consumidores; alentar una competencia sana entre empresas; combatir monopolios; garantizar la libre competencia y concurrencia, y frenar conductas anticompetitivas.

Esas metas se alcanzarían por la acción de un órgano de regulación autónomo, independiente e imparcial en materia de competencia económica y la aplicación de sanciones a quienes atenten contra la libre competencia y concurrencia.

A pesar de que el dictamen contiene 90 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo, los cambios no repercuten en el cuerpo de los 130 artículos del dictamen. Mario Sánchez Ruiz, presidente de la comisión dictaminadora, adujo que esa legislación es la piedra angular y el cimiento para que la economía nacional crezca más, al dar certeza jurídica a los consumidores y empresarios, impulsar la competencia sana, las oportunidades de empleo y a quienes inician una empresa.

El documento refiere las responsabilidades entre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Comunicaciones (Ifetel). También define las conductas anticompetitivas y prohíbe los monopolios y sus prácticas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.

Incluye dos nuevos tipos de conductas monopólicas relativas que sancionan la explotación abusiva de un insumo esencial por parte del agente económico dominante. Estas son las prácticas monopólicas absolutas y relativas.

Los diputados aceptaron la separación estricta de cada una de las cuatro etapas en que se divide el procedimiento de aplicación de la política de competencia económica: investigación, para detectar probables conductas anticompetitivas; instrucción, que se refiere al procedimiento administrativo acusatorio, adversarial y por contradicción; resolución, el acto de autoridad para definir la situación, y la revisión de la resolución, mediante el juicio de amparo indirecto para llevar a cabo un efectivo control judicial.