Familiares del general Ricardo Martínez Perea denunciaron la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Poder Judicial de la Federación (PJF) que insisten en poner trabas y obstáculos para impedir que el militar recupere su libertad –después de haber sido sentenciado a 15 años de prisión por vínculos con el narcotráfico–, además de hacer caso omiso a su derecho a recibir atención médica adecuada en un hospital militar, a pesar de su precario estado de salud.

En una misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, los familiares detallan las irregularidades ocurridas desde que el general fue detenido y procesado, así como el hecho de que fue sentenciado exclusivamente con base en los dichos de testigos de oídas, a pesar de que apenas unas semanas antes de su captura, ocurrida en 2001, había sido felicitado por el alto mando del Ejército por los decomisos de droga realizados en el estado de Tamaulipas.

Lamentan que después de haber interpuesto ante el Supremo Tribunal Militar (STM) un incidente de reconocimiento de inocencia –en el cual demandó el militar ser careado con el ex presidente Vicente Fox y con su entonces secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Clemente Vega García–, el tribunal castrense rechazó la realización de los careos y de otras pruebas que demuestren la inocencia de Martínez Perea.

Eso los obligó a presentar hace más de seis meses un amparo en contra de la negativa del STM, el cual fue turnado al juzgado octavo de distrito con sede en Mazatlán, Sinaloa, el cual no ha resuelto desde entonces la petición con lo que, de facto, se niega el derecho a la justicia del general recluido injustamente en el penal de las Islas Marías.

Los familiares recordaron que han interpuesto innumerables quejas ante diversas instancias por los maltratos que ha recibido el general en prisión y durante su traslado a diversos penales federales y que, a pesar de su precario estado de salud y de ser una persona mayor de edad (65 años) el alto mando castrense continúa obstaculizando el proceso legal que permita que sea reconocida la inocencia del general Martínez Perea.