En México se vive una crisis sin precedente en materia de derechos humanos debido, entre otros factores, a las violaciones cometidas por las empresas trasnacionales contra pueblos indígenas, la militarización de la seguridad pública y los ataques contra sectores vulnerables, como mujeres y activistas independientes, lo cual requiere una intervención urgente de la comunidad internacional.

Así lo advirtieron diversas organizaciones que participaron en el segundo Seminario sobre Derechos Humanos de la Sociedad Civil, realizado en el contexto del cuarto Diálogo de Alto Nivel en esta materia entre México y la Unión Europea, que se lleva a cabo en estos días en Bruselas, capital del bloque comunitario.

Luego de analizar la situación del país en torno a los ejes temáticos de empresas y derechos humanos, seguridad ciudadana y violencia contra la mujer, los 32 colectivos participantes señalaron a través de un comunicado conjunto que el país vive una situación de crisis cuyo denominador en común es la falta de consolidación del estado de derecho y la impunidad casi total.

Durante los años recientes, subrayaron, las empresas trasnacionales han violado sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades donde se asientan, generando despojo, desplazamientos forzados y contaminación, en un proceso que se ha cobrado la vida de al menos 30 defensores ambientales y comunitarios.

Por otra parte, la militarización de la seguridad pública ha impactado los derechos humanos de la población, a tal grado que en 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó más de mil casos de abuso cometidos por las fuerzas armadas.

En lo que se refiere a derechos de las mujeres, las organizaciones destacaron que este sector de la población sigue padeciendo un sistema económico y social que la violenta y obstaculiza su pleno desarrollo, ante la falta de acción de las autoridades para terminar con este fenómeno.

A todo lo anterior se suman la persistencia de la tortura, la detención arbitraria, la fabricación de culpables, los múltiples abusos contra migrantes indocumentados y las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Por todo ello, los colectivos dirigieron una serie de recomendaciones al gobierno de México y a la Unión Europea, entre ellas colocar el tema de los derechos humanos en el centro de la agenda bilateral, establecer un mecanismo de seguimiento de estos asuntos, suspender su apoyo a los megaproyectos que afectan a las comunidades, diseñar una nueva estrategia de seguridad pública y erradicar la violencia contra las mujeres.