Oaxaca, Oax., 18 de marzo.

Pobladores del municipio de San Bartolo Coyotepec aceptaron esta noche la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de respetar el derecho de las mujeres de esa comunidad a votar y ser votadas en los procesos para elegir autoridades municipales.

La próxima elección deberá realizarse en un plazo no mayor a 90 días, y cuando menos una mujer deberá ser incluida en las planillas.

Lo que no aceptaron fue que el Congreso del estado nombre un administrador municipal mientras se realizan los comicios. Los pobladores propondrán al Congreso un funcionario.

Con el argumento de que estaban siguiendo el sistema normativo interno (es decir, los usos y costumbres), pretendían ratificar la decisión tomada el pasado 24 de noviembre, cuando se acordó excluir a las mujeres.

Todo parecía indicar que así sería; sin embargo, cerca de las 20 horas se presentó ante la asamblea el ex diputado local Flavio Sosa, quien convenció a la asamblea de que debía acatar el fallo del TEPJF o de lo contrario violarían la ley.

Carlos Cruz Cruz, abogado y asesor de la comunidad, alegó que la orden del TEPJF de incluir a las mujeres en la vida política municipal es errónea y vulnera la determinación del pueblo. Aseguró que las mujeres son tomadas en cuenta y algunas ocupan direcciones en el ayuntamiento. Sin embargo, acatarán el fallo.

Este municipio vive un conflicto electoral desde el pasado 20 de octubre, cuando se celebró la asamblea para la renovación del cabildo 2014-2016.

Las ternas de aspirantes estaban integradas únicamente por varones. Un grupo de mujeres exigió su derecho a ser votadas; sin embargo un topil (policía local) justificó la decisión tomada por la mayoría masculina, con el argumento de que las mujeres no deben ni pueden ser electas porque no cumplen las tareas de una autoridad. Las mujeres no pueden apagar un incendio o detener a un delincuente, adujo.

El grupo de mujeres abandonó la asamblea y trabajadoras del Instituto Municipal de la Mujer comenzaron a organizar una protesta. El movimiento creció, pero las empleadas del instituto lo abandonaron y luego fue retomado por la artesana Abigaíl Vasconcelos. En un diálogo se determinó reponer la elección.

El proceso se celebró el 24 de noviembre, y aunque dos mujeres fueron integradas en una planilla, volvieron a ganar los mismos que fueron electos el 20 de octubre. No fue más que una simulación, consideró Vasconcelos.

Paralelamente, se inició en la comunidad una campaña de desprestigio contra las mujeres que exigían participar.

El caso fue llevado entonces ante el Tribunal Estatal Electoral, que falló en favor de las autoridades electas y dijo que se respetó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Las inconformes recurrieron al TEPJF, cuya sala regional emitió un fallo similar con base en el argumento de que Abigaíl Vasconcelos no aspiraba a un cargo.

Vasconcelos indicó que tras este revés llevó el caso a la sala superior del TEPJF, donde los ministros le dieron la razón.

El proyecto de sentencia fue elaborado por el magistrado Flavio Galván Rivera, quien consideró que dicho proceso comicial no atendió los principios de universalidad y equidad previstos en la Constitución, así como en los tratados internacionales; además, no garantizó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, por lo que se ordenó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la organización de una elección extraordinaria.

Hija de un poblador de San Bartolo, Vasconcelos vive ahí desde los 13 años de edad, excepto por el tiempo en que cursó sus estudios profesionales en la ciudad de México.

El conflicto ha dividido a las familias e incluso su padre le dejó de hablar, comentó.