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El responsable de la casa de justicia en San Luis Acatlán sobrevive a la agresión

Policía comunitaria de Guerrero denuncia ataque contra uno de sus coordinadores

La CRAC suspende a elementos por desvío de recursos para la compra de armas y equipo

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Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias rinden protesta durante un acto en el poblado de Acatempa, Guerrero, el 13 de abril pasadoFoto Francisco Olvera
Reportera y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 18 de marzo de 2014, p. 16

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) dio a conocer que el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, sufrió una atentado el pasado domingo en Marquelia, Guerrero, cuando sujetos armados dispararon contra la camioneta en la que viajaba.

La dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), que encabeza José Narro, condenó el ataque contra la vida de Eliseo Villar –quien no sufrió heridas mortales– y demandó el esclarecimiento de los hechos, así como castigo para los responsables.

Para la CNPA es lamentable el hecho y es resultado del trabajo que ha venido dando la CRAC desde 1995 para garantizar la seguridad de más de 300 habitantes de cientos de comunidades de indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

El atentado ocurrió un día después de que el general Martín Cordero Luqueño, comandante de la novena Región Militar en Guerrero, y Eliseo Villar Castillo, coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, acordaron reglamentar a las policías comunitarias de la entidad, para que así, mediante una credencialización de los miembros y el registro de sus armas, puedan actuar en sus comunidades.

La CRAC-PC informó que se acordó la suspensión de las funciones y actuaciones de varios coordinadores regionales, entre ellos Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava, Tiburcio Lorenzo Regino y el comandante Agustín Suástegui Domínguez, así como los elementos del Grupo de Guardia Permanente; además, la destitución de Adriana Domínguez Rivera, como secretaria.

Entrevistado vía telefónica, Valentín Hernández Chapa, responsable de la comisión especial de la CRAC, recordó que estas personas están acusadas del desvío de más de 740 mil pesos, presuntamente para la compra de armas y equipo.

Agreó que en el caso de los coordinadores y comandantes regionales, en la próxima asamblea microrregional, a realizarse el próximo sábado, se determinará su revocación y reducación.