Decenas de maestros afectados por la resolución del juez federal Pedro Arroyo Soto, quien la semana pasada declaró constitucionales las leyes secundarias relacionadas con la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, publicadas en septiembre pasado e impugnadas por miles de mentores inconformes, presentaron un recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito para que se modifique el sentido de la sentencia de primera instancia.

El abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz, representante de cientos de maestros del país, informó a La Jornada que presentó el recurso de revisión en representación de centenares de profesores que consideran que el juez Arroyo se equivocó al desestimar los argumentos de los quejosos.

‘‘Hay muchas violaciones a derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, como la afectación al principio constitucional de la estabilidad en el empleo, por sólo mencionar uno, y eso debe ser analizado en detalle por un tribunal colegiado’’, dijo el abogado en entrevista telefónica.

El mismo litigante presentó en enero pasado queja administrativa contra los jueces federales Leonel López Gianopoulos, Carlos Soto Morales y el propio Arroyo Soto –tres de los cinco jueces designados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para desahogar las miles de demandas de amparo que maestros de país presentaron para frenar los alcances de la reforma educativa–, por presuntas irregularidades en su función jurisdiccional.

Fuentes Muñiz alega supuestas violaciones al procedimiento jurídico y a la ley de amparo de parte de los impartidores de justicia en prejuicio de los maestros quejosos. La semana pasada, el juez Arroyo emitió una sentencia de amparos colectivos en la que declaró constitucionales las leyes secundarias de la reforma educativa.

El mismo juez

Se trata de la primera sentencia que emiten los jueces encargados de resolver este tipo de controversias, que tienen su sede en San Andrés Cholula, Puebla.

A finales de 2013, el mismo juez declaró improcedentes los amparos contra la reforma al artículo tercero constitucional, que modificó el eje rector de los procedimientos de selección y de competencia de los maestros.

Arroyo Soto es titular del juzgado séptimo de distrito del centro auxiliar de la segunda región con sede en Cholula, y con su resolución negó el amparo a poco más de 200 docentes que de manera grupal impugnaron diversos artículos de las leyes General de Educación, General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Entre los argumentos expuestos destaca el hecho de que, según la apreciación del juez, estas leyes secundarias no implican violación alguna a los derechos humanos de los maestros, ni mucho menos a los tratados internacionales en materia educativa suscritos por el gobierno mexicano.

De acuerdo con el juez, las reglas para la implementación de esta reforma educativa ‘‘dan preminencia al interés supremo del Estado mexicano (la educación) y permitirán al mismo tiempo garantizar a la sociedad que el trabajo desempeñado por los docentes sea desarrollado por las personas más aptas para ello’’.

Finalmente, el abogado Fuentes Muñiz asegura que los argumentos del juez de primera instancia judicial son del todo endebles, por lo que dijo confiar en que un tribunal colegiado revocará esa sentencia y declarará inconstitucionales las leyes secundarias de la reforma educativa.