La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo ayer un llamado a las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia para que se abstengan de realizar acciones de verificación de la calidad migratoria al margen de la ley, y respetar el principio de legalidad, en el caso de migrantes.

Ello, sostuvo la CNDH, debido a que México es país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, con un alto índice de migración interna; por ello, es indispensable que los elementos de esas instituciones ‘‘actúen sólo en el marco de sus competencias y cumplan estrictamente con sus funciones’’.

Los diversos escenarios que viven los migrantes en su paso por el país derivan a su vez en distintas problemáticas que los afectan por su situación de vulnerabilidad. A causa de esas condiciones que enfrenta la mayoría de quienes transitan por México, frecuentemente ponen en peligro su vida y salud, y suelen ser víctimas no sólo de delincuentes, sino también de servidores públicos que los extorsionan.

Precisa la comisión que, de acuerdo con la ley de migración y su reglamento, las autoridades policiales sólo pueden efectuar labores de verificación migratoria a solicitud expresa de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); ello no implica que puedan realizar funciones de control y revisión migratoria de forma independiente.