El plan de seguridad pública que elabora el gobierno de Enrique Peña Nieto contempla el retiro de las fuerzas armadas de tareas policiales de manera gradual, condicionado a que las corporaciones se consoliden y profesionalicen, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de Seguridad Nacional.

Las fuentes consultadas revelaron que el diagnóstico que se tiene para esta administración considera que la estrategia de Felipe Calderón de combate frontal a las organizaciones delictivas, así como el abatimiento, la aprehensión y eventual extradición de sus líderes, generó vacíos de poder en sus estructuras, lo que incrementó los niveles de violencia y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma; además que la corrupción dentro de las instituciones.

Asimismo, señalaron, las estadísticas refieren que de 2006 a 2012 los homicidios dolosos se incrementaron 84 por ciento, al pasar de 11 mil 806 a 21 mil 728; las extorsiones 130 por ciento y los secuestros 92 por ciento.

Los funcionarios entrevistados refirieron que desde la Presidencia de la República a la Secretaría de Gobernación, con apoyo del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Procuraduría General de la República con información delictiva y averiguaciones previas, así como las áreas de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se elaboró el diagnóstico con el cual se presentará el programa nacional de seguridad pública.

La información, señalaron, establece que el gobierno federal considera que con la llegada de este siglo, “México experimentó una transición delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de delitos, en particular los cometidos con violencia; por la impunidad y por la consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal.

La crisis de seguridad pública durante el cambio de siglo fue resultado de un largo proceso de acumulación de rezagos, y considera que el crecimiento sostenido de la delincuencia organizada trajo consigo que los grupos ejercieran “mayor control en algunas zonas del país, imponiendo un orden social articulado alrededor de actividades ilícitas caracterizadas por el uso extremo de la violencia.

Este ambiente generó un clima de temor en la ciudadanía a ser víctimas, propiciando un mayor dominio de estos grupos no sólo frente a sus bandas rivales, sino frente a la sociedad.

Los entrevistados resaltaron que las estadísticas refieren que en 2006 se cometieron 11 mil 86 homicidios dolosos, que la cifra fue aumentando conforme avanzó la administración de Felipe Calderón, y aunque en 2007 se presentó una disminución en este delito, al alcanzar 10 mil 253 personas asesinadas, en 2008 se contabilizaron 16 mil 118; en 2010 fueron 20 mil 681; 2011, 22 mil 856; 2012, 21 mil 728. Durante el primer año de gobierno de Peña Nieto, la estadística registra 18 mil 143 casos.

Respecto de casos de secuestro, en 2006 se contabilizaron 733; 2007, 438; 2008, 907; 2010, mil 236; 2011, mil 419; 2012, mil 407, y en 2013, mil 695

Las estadísticas de extorsión reportaron en 2006 3 mil 157 denuncias; en 2007, 3 mil 123; 2008, 907; 2009, mil 162; 2010, 6 mil 105; 2011, 4 mil 582; 2012, 7 mil 272, y en 2013, 8 mil 42 casos.

La estimación gubernamental, señalaron los funcionarios consultados, es que en su conjunto los delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro y extorsión) tuvieron un crecimiento de 93 por ciento en el periodo 2006-2012.

Los reportes de víctimas de delitos contabilizados señalaron las fuentes, en 2010 se reportaron 17 millones 847 mil 550 víctimas y se denunciaron 22 millones 714 mil 967; en 2011, fueron 18 millones 675 mil cuatro víctimas y 22 millones 389 mil 492 ilícitos, y en 2012, 21 millones 603 mil 990 víctimas y 27 millones 769 mil 447 delitos.