Incumple pago de prestaciones por más de dos años
; exigen audiencias
Domingo 16 de marzo de 2014, p. 28
Naucalpan, Mex., 15 de marzo.
La alcaldía local adeuda al menos 70 millones de pesos a trabajadores sindicalizados, por incumplimiento de prestaciones laborales, acumuladas durante los dos años recientes, informaron dirigentes sindicales, quienes exigieron una audiencia con autoridades locales para atender el adeudo.
René Palomares, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (Suteym) en entrevista colectiva, informó que durante el año reciente la organización sindical pagó los adeudos que la alcaldía tiene con los trabajadores, pero la situación es insostenible.
Detalló que la administración de Naucalpan tiene una nómina de 3 mil 700 trabajadores sindicalizados, a quienes no les ha pagado varias prestaciones, entre ellas caja de ahorro, seguro mutualista y, en otros casos, primas de jubilación.
El diputado priísta David Parra Sánchez planteo que para hacer frente a los adeudos, el sindicato echó mano de los ahorros propios, pero con ello tapa un hoyo y destapa otro
; lo fundamental es que la alcaldía asuma sus compromisos, pues después de un año los recursos bajan a cuentagotas
.
Indicó que el 13 de marzo, el sindicato pagó cerca de 3 millones de pesos a 72 trabajadores, por prima de jubilación que la alcaldía adeudaba desde 2012, mientras otros cien sindicalizados esperan el pago de su prima de jubilación y han pasado más de dos años y no han recibido este pago, lo que representaría más de 34 millones de pesos, comentó Parra Sánchez.
Xavier Chávez Tello, asesor jurídico del sindicato, explicó que todo este desorden financiero se agudizó en la administración de la ex alcaldesa Azucena Olivares (2009-2012), que dejó de pagar varias prestaciones a los trabajadores e incluso en esa administración no se pagaron los ahorros que los propios trabajadores habían acumulado en un año.
Chávez dijo que el sindicato presentó dos demandas contra la administración de Azucena Olivares: una ante la Contraloría de la Legislatura local y otra ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por presunto abuso de autoridad, robo, fraude y lo que resulte.