En México los impuestos patrimoniales –referidos a los que se aplican a inmuebles, riqueza, herencias, donaciones y transacciones financieras o de capital– representan apenas 0.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB), uno de los niveles más bajos registrados entre 15 países de América Latina y cuyo promedio de recaudación al respecto es de 0.83 por ciento, indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los recursos que obtiene México por tales gravámenes equivalen a un décimo de 3.02 por ciento que obtiene Argentina como porcentaje del PIB o la sexta parte de 1.86 por ciento que consigue Brasil o de 1.77 por ciento del promedio registrado en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a la que está asociada México.

En Colombia tales impuestos llegan a 1.53 por ciento del PIB, en Uruguay, 1.43 por ciento; en Chile, 0.72; en Perú, 0.52, y en Costa Rica, 0.32 por ciento. Incluso países centroamericanos y caribeños, como Panamá y República Dominicana, superan a México sobre las aportaciones que obtienen con los impuestos patrimoniales, al llegar a 0.79 y 0.67 por ciento respecto al valor de su economía.

Resulta un hecho ya conocido que la importancia de los impuestos al patrimonio ha sido históricamente muy reducida en los países de América Latina, al punto de ser prácticamente ignorada como alternativa en los debates que tratan sobre herramientas para mejorar el impacto distributivo de los sistemas tributarios de la región, señala la Cepal en una investigación de la tributación sobre las altas rentas en la región, a cargo de Juan Carlos Gómez Sabaíni y Darío Rossignolo.

En contraste, el trabajo asalariado en México llega a aportar 90.9 por ciento del total de los impuestos a la renta personal, cuando en otras naciones de la región oscila entre 33 y 80 por ciento.

Uruguay y Argentina gravan riqueza

La mayor parte del impuesto sobre la renta personal en América Latina proviene de trabajadores asalariados. Hay un tratamiento diferenciado entre los ingresos del trabajo (rentas ganadas) y los del capital (rentas no ganadas). La elevada participación de los trabajadores asalariados en el total de la recaudación tiene relación con la existencia de tratamientos preferenciales a las rentas de capital, como exenciones o tratamientos especiales para colocaciones financieras, intereses de títulos públicos, beneficio de fondos de inversión, ganancia de capital en bienes inmuebles y acciones, indica la investigación.

En el documento se detalla que el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE estipulan seis categorías de impuestos patrimoniales, pero no todos se aplican en las 15 naciones latinoamericanas que la Cepal analiza o se carece de datos al respecto.

En el caso de México sólo están consignadas dos categorías: los impuestos recurrentes sobre las propiedades inmuebles que aportan 0.20 por ciento del PIB y los impuestos a transacciones financieras y de capital, de los que se extrae otro 0.10 por ciento.

En cambio, no se grava la riqueza neta o los activos netos, que pese a su potencial incidencia sobre los contribuyentes de rentas más elevadas, sólo dos países de América Latina lo aplican en la actualidad, indica la Cepal. Se trata de Argentina y Uruguay, que obtienen recursos equivalentes a 0.36 por ciento y 1.13 por ciento de su PIB.

En Argentina, el impuesto sobre bienes personales aplicables a todos los bienes poseídos hasta el 31 de diciembre de cada año tiene tasas progresivas y selectivas, variando de 0.5 a 1.5 por ciento y abarca los bienes situados en el país y en el exterior, tanto de las personas físicas domiciliadas como de las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

El impuesto al patrimonio en Uruguay recae básicamente sobre personas físicas, núcleos familiares, sucesiones indivisas, personas jurídicas (empresas) constituidas en el extranjero y los sujetos pasivos del impuesto a las rentas de actividades empresariales, con tasas selectivas que oscilasn entre 0.7 y 3.5 por ciento.

Tampoco se reporta cuánto aportan los impuestos a herencias y donaciones en México, como ocurre en Brasil, Chile, República Dominicana y Venezuela.