os habitantes de Crimea –poco más de 2 millones de personas, de las cuales 60 por ciento son de origen ruso, 24 por ciento ucranios, 12 por ciento tártaros y 4 por ciento de otros grupos étnicos– decidirán este domingo su futuro mediante un referendo. Se prevé el triunfo de la opción secesionista.

El Kremlin respalda la libre determinación de Crimea, pero niega el mismo derecho a Chechenia, Daguestán, Siberia Oriental y otras regiones. Califica de extremismo –y castiga con 10 años de cárcel– incluso mencionar que otras naciones también tienen derecho a decidir en un plebiscito si quieren o no seguir dentro de Rusia.

Junto con esta incongruencia, Moscú considera que hay razones más importantes para absorber Crimea: la necesidad geopolítica de mantener en Sebastopol la base militar de la flota del mar Negro, el gas natural de la zona adyacente a la península y la certeza de que se trata de un territorio ruso desde que los zares expulsaron a los turcos y tártaros hace dos siglos y medio, por mencionar sólo tres.

Ciertamente, Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea acumulan un largo historial de injerencia en los asuntos internos de los países más débiles y nunca se preocuparon por guardar las formas hasta que Rusia logró, en septiembre pasado, encabezar la resistencia internacional a la decisión unilateral de bombardear Siria sin autorización de Naciones Unidas, lo cual hizo desistir a Washington.

Parecía un parteaguas en el modo de resolver las controversias en el mundo. Crimea demuestra que no le es. Rusia, cuando así conviene a sus intereses, se comporta igual que Estados Unidos.

Por eso, entre otros rasgos de un situación que dista de ser normal, el día que el Parlamento crimeo iba a reconocer a las nuevas autoridades de Kiev, hombres armados impusieron a un gobernante cuyo partido pro ruso obtuvo menos de 4 por ciento del voto en las últimas elecciones; ese personaje pidió al Kremlin proteger a los habitantes rusohablantes; Rusia desplegó miles de soldados con uniformes sin distintivos y asegura que no hay ninguno; convocan a un referendo y en la etapa previa no dejan entrar a representantes de organismos internacionales.

El precio de ganar Crimea puede ser muy alto para Rusia. Además de perder a los países de la ex Unión Soviética mutilados territorialmente, Ucrania y Georgia buscarán acelerar su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Otros efectos podrían ser: expulsión del G-8, aislamiento internacional, sanciones económicas, restricciones a sus funcionarios, foco de tensión permanente en la península, minoría tártara dispuesta a tomar las armas.

El futuro de Crimea tras el referendo –está en juego no sólo la separación de Ucrania, sino su incorporación a Rusia como nueva entidad de la Federación– depende del presidente Vladimir Putin: o continúa con la anexión o fuerza negociar una confederación en Ucrania, con la península y las regiones orientales que quieran adherirse.