Tras 10 años de prisión, el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Gustavo Ponce Meléndez abandonó el Reclusorio Norte al obtener un amparo otorgado por el cuarto tribunal colegiado en materia penal de primer circuito.

El amparo 250/2013 ordenó a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, la inmediata y definitiva libertad del interno, quien ayer a las 12:55 horas abandonó el penal al que llegó el 22 de agosto de 2011, procedente del penal federal del Altiplano.

El cuarto tribunal colegiado concedió el amparo a Gustavo Ponce –detenido en 2004–, pues concluyó que los elementos de prueba que tomó en consideración la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para emitir la sentencia condenatoria por el delito de fraude presuntamente cometido por 31 millones de pesos contra el gobierno capitalino, eran insuficientes para demostrar la plena responsabilidad del quejoso.

Lo hundió apostar en Las Vegas

Ponce Meléndez estuvo preso en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, que se localiza en le municipio de Almoloya de Juárez, durante siete años, acusado de enriquecimiento ilícito, corrupción y lavado de dinero, luego de que el primero de marzo de 2004 se difundieran unos videos que se grabaron en momentos en los que apostaba en el Casino Bellagio, de Las Vegas.

El ex secretario de Finanzas capitalino era considerado uno de los clientes distinguidos del establecimiento, a donde había acudido en al menos 17 ocasiones entre 2002 y 2004.

Ante ello, la Procuraduría General de la República lo acusó de diversos delitos y fue detenido el 9 de octubre de 2004 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Aquel escándalo financiero fue utilizado para atacar las aspiraciones presidenciales del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

El tribunal determinó que hubo “insuficiencia de pruebas para demostrar que la conducta atribuida a Ponce Meléndez, en su carácter de secretario de Finanzas –consistente en haber realizado una llamada telefónica a funcionarios subordinados para que dieran prioridad al pago de cuentas por liquidar de la delegación Gustavo A. Madero, relativas a servicios que no fueron contratados ni recibidos, instrucción que finalmente no fue acatada–, efectivamente constituyera una aportación necesaria para la comisión del delito”.