Tenencia de la tierra e identificación jurídica,
prioridades de la mujer rural: Inmujeres
Edwvigis Rodríguez Guerrero INMUJERES
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Lourdes Rudiño
La carencia de titularidad de la tierra de muchas mujeres campesinas –en buena parte esposas de hombres migrantes- y la falta de documentos de identificación jurídica, hacen que en general las mujeres rurales enfrenten desventajas a la hora de producir alimentos y de recibir beneficios sociales, pues se ven incapacitadas para acceder a programas de subsidios productivos, a seguros, a créditos, a recursos presupuestarios etiquetados para población pobre, a educación, a servicios de salud, etcétera.
Por ello, señaló Edwvigis Rodríguez Guerrero, subdirectora de Sustentabilidad y Medio Ambiente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), esta instancia instaló al iniciar este mes de marzo la Mesa Interinstitucional Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, en la cual esos dos temas deberán ser analizados para encontrarles soluciones prontas que deriven en acciones.
Allí, con la coordinación del Inmujeres, deliberarán cada tres meses representantes de las secretarías y organismos de Estado que tienen qué ver con la situación de las mujeres: secretarías de Agricultura (Sagarpa); de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Desarrollo Social (Sedesol); el Registro Agrario Nacional (RAN); el Registro Nacional de Población e Identificación; la Procuraduría Agaria (PA); el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI).
La funcionaria afirmó que los dos temas señalados son prioritarios para mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y por tanto encabezan la lista de los que habrán de discutirse –muchos de los cuales se definirán a partir de la propia discusión-. La Mesa, dijo, “tiene el objetivo de establecer bases de colaboración entre las dependencias afines, para que en el ámbito de competencia de cada una de ellas, y dentro de la disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios, trabajen conjuntamente en el desarrollo humano de las mujeres rurales indígenas y campesinas, teniendo como punto de partida en este caso el acceso a la tenencia de la tierra, que es una de las problemáticas que muy reiteradamente nos están reportando”.
Precisó que está previsto que en un plazo de un año las instituciones participantes tengan algunas acciones afirmativas, definitivas y que estén dirigidas ya en documentos, como son las reglas de operación de programas.
Explicó que “muchas veces las instituciones estamos trabajando hacia el mismo asunto sin saber una lo que hace otra. Es mejor hacerlo de manera vinculada y coordinada. Con la Mesa queremos dar resultados que sean de impacto y en beneficio de las mujeres rurales (…) La finalidad es que en la Mesa se planteen acciones afirmativas, que tendrán que llevar cada una de las representantes de esta Mesa a sus titulares, y se van a traducir en acciones claras, por ejemplo en cambio de reglas de operación, de reglamentos y otras cuestiones que beneficien directamente a la hora de estar trabajando con las mujeres. Además los trabajos y resultados se van a llevar al Sistema de Igualdad, al cual asisten los titulares de las instituciones del gobierno federal y allí van a ver toda la problemática y cuánto se ha trabajado y en qué”.
Dijo que la deliberación abrirá espacio a información que aporten todas las instituciones, pero el punto de partida es el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), documento publicado en el Diario Oficial y para el cual el Inmujeres tiene el mandato de dar vigilancia. El Proigualdad plantea seis objetivos transversales y 36 estrategias referentes a la igualdad, seguridad, eliminación de la violencia y acceso a la justicia, a empleo, a servicios de salud y a educación, entre otros.
El Proigualdad se hizo con diagnósticos de las temáticas que aborda y es el instrumento base de la Mesa. Su elaboración consideró resultados de foros de consulta “y allí las mujeres y organizaciones de las sociedad civil fueron a decir cuáles son sus necesidades y cuál es el trabajo que quieren que se aborde”.
Otros temas que tratará la Mesa es la violencia contra las mujeres. La entrevistada comentó que el punto más preocupante es efectivamente la violencia, porque se vive en muy alto grado en zonas rurales y fundamentalmente en los ámbitos de la familia, pero también se habrá de analizar los caminos a tomar por las mujeres cuando salen de la violencia. “Se les tiene que dar las herramientas suficientes para que se independicen o tengan cómo mantenerse, que su opción no sea regresar a ese hogar y a ese círculo de la violencia.
“Otros temas van a ir saliendo, las instituciones tienen libertad de ir agregando temas, pero entre esos se va a trabajar vivienda rural sustentable, regularización de la tenencia de la tierra, identidad jurídica, proyectos productivos dirigidos a mujeres, transferencia de eco tecnologías, reforestación, pago por servicios ambientales, estufas y baños ecológicos, organización de desarrollo desde lo local, calidad y espacio de la vivienda e incorporación de las mujeres indígenas a los órganos de toma de decisiones”.
La entrevistada señaló que las instituciones que van a participar tienen mucha más injerencia directa con la población que el Inmujeres, y muchas de las participantes en la Mesa están planeando dar talleres, capacitación a mujeres, pero también a hombres, porque hay actitudes machistas; hay hombres que no permitirían que sus esposas o familiares vayan a talleres o conferencias. Se piensa trabajar con ambos; se trata de buscar un cambio cultural y esto se lleva mucho tiempo, no es un día para otro”. |