Los alcances de la fiscalía especial para el combate a la corrupción en el servicio público se podrán medir a partir del perfil de quien encabece esta instancia, quien debe ser nombrado por el Senado, así como de la forma en que este funcionario se relacione con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.

Así lo advirtieron especialistas en el tema, quienes llamaron la atención sobre el hecho de que la creación del organismo por sí sola no garantiza abatir la corrupción en el ámbito público si no se incide ‘‘en los agentes corruptores’’ que provienen de la iniciativa privada, como muestra el caso de Oceanografía.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, hizo llegar un escrito al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en el que le advierte que no tiene sustento constitucional el decreto que emitió un día antes mediante el cual creó dicha fiscalía, toda vez que aún no se aprueba en el Congreso la legislación secundaria en la materia.

A su vez, Óscar Arredondo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, dijo que en México ‘‘se percibe un escenario de impunidad que incentiva los malos manejos y las irregularidades’’, por lo que es importante consolidar un sistema nacional de rendición de cuentas que contemple la contabilidad, transparencia, fiscalización, participación ciudadana y sanciones administrativas y penales.

Además, indicó, se debe contar con una instancia enfocada en la prevención de la corrupción y la investigación de ese fenómeno con el fin de inhibirlo, como parte de un sistema de procuración de justicia autónomo que elimine grandes márgenes de discrecionalidad.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, opinó que el grado de independencia que el fiscal observe tanto del Poder Ejecutivo como del propio procurador, dará señales sobre el grado de eficacia del nuevo organismo. Mientras tanto, habrá que esperar el perfil del personaje que ocupe el cargo.