Santiago, 13 de marzo.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó hoy que la ola de protestas opositoras en Venezuela afecte la democracia en ese país o la seguridad del continente. En consecuencia, aseveró, no existen razones para aplicar la Carta Democrática Interamericana.

Se determinó que lo de Venezuela no afecta la democracia, como sí fue evidente –apuntó– en el caso de Honduras en 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe militar, de acuerdo con declaraciones que hizo por radio ADN de Chile. En ese año, la OEA suspendió a Honduras del organismo.

En referencia a la reunión del órgano regional de la semana pasada, aclaró que en su iniciativa Panamá no se remitió a la Carta, sino que mediante su representación ante la OEA pidió una reunión de cancilleres para examinar la situación venezolana, que provocó que Caracas rompiera con ese país.

Lo que reclamaba Venezuela es que, en mucho tiempo, ningún país había pedido una reunión para analizar a otro y eso lo miraba como una intromisión en sus asuntos internos, lo que yo creo que no es así, añadió Insulza. Subrayó que luego Venezuela solicitó una reunión similar a la de la Unión de Naciones Sudamericas (Unasur), que fue concretada la víspera en Santiago.

La cláusula democrática se aplica en casos de ruptura del proceso democrático en un Estado del hemisferio, lo que lleva a la marginación del gobierno del país cuestionado.

El secretario de Estado, John Kerry, afirmó el miércoles que Estados Unidos está preparado, de ser necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana y activar sanciones contra Venezuela. Además, este día Kerry insistió en que Caracas debe cesar la campaña de terror contra ciudadanos y comenzar a respetar los derechos humanos.

A su vez, miembros de las dos cámaras del Congreso estadunidense presentaron sendas propuestas de ley que buscan imponer sanciones a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El proyecto de la cámara baja concede 90 días al presidente Barack Obama para dar al Congreso un listado de las personas a ser sancionadas.

En tanto, la iniciativa del Senado para la defensa de los derechos humanos y sociedad civil de Venezuela prevé una partida inicial de 15 millones de dólares para defender los derechos humanos, apoyar a las organizaciones democráticas de la sociedad civil, ayudar a los medios de comunicación independientes y fortalecer el buen gobierno y el imperio de la ley.

Ambas iniciativas establecen sanciones a funcionarios del gobierno que hayan ordenado reprimir, revocación de visado, su expulsión del país o congelación de bienes en territorio estadunidense. En el Senado el proyecto es promovido por republicanos de origen cubano como Robert Menéndez, y en la Cámara de Representantes también por el panel cubano encabezado por la anticastrista Ileana Ros-Lehtinen.

El jefe del Comando Sur, general John Kelly, dijo ante un comité senatorial para asuntos militares que en Venezuela hay el riesgo de una catástrofe económica y de democracia.

En Caracas, el presidente Nicolás Maduro anunció que seis personas fueron detenidas en allanamientos realizados en Valencia y que se incautaron armas y explosivos plásticos, tras haber ordenado a la fuerza pública actuar en las zonas de los focos violentos. Afirmó que en Valencia operan al menos tres bandas paramilitares, donde el miércoles los disturbios dejaron tres muertos.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la fuerza armada, Vladimir Padrino López, dijo que estaban diseñando nuevos métodos para enfrentar esta arremetida que ya se está convirtiendo en una insurgencia terrorista armada.

El Tribunal Supremo de Justicia, la máxima corte de Venezuela, emitió un fallo en el que ordenó a los alcaldes opositores de los municipios caraqueños de Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, la inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan libres las vías y zonas adyacentes.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a las fuerzas de la derecha, se dijo dispuesta a dialogar con el gobierno de Maduro con una serie de requisitos. Reclamó la liberación del dirigente Leopoldo López, una investigación independiente sobre las muertes ocurridas y el desarme de grupos del gobierno, entre otros.

En la Plaza Altamira de esta capital fueron detenidos al menos 30 manifestantes en un operativo que duró escasos 20 minutos y en el que policías nacionales respondieron con gases a piedras y bombas molotov.