Guanajuato, Gto., 13 de marzo.

Unos 200 policías estatales y municipales recuperaron para la empresa canadiense Great Panther Silver la planta de tratamiento de mineral de Bustos, ocupada el domingo por miembros de la ex Cooperativa Minera Metalúrgica Santa Fe.

Elementos de seguridad pública del estado, policías ministeriales y municipales evacuaron las instalaciones en menos de 30 minutos y arrestaron a 15 personas.

Los uniformados quitaron con grúas los vehículos que bloqueaban la reja de la planta, hicieron los arrestos y desalojaron a una docena de ancianos, quienes los acusaron de golpear a una mujer en la cara.

Llegaron como a las cuatro y media de la tarde, abrieron el portón con una tanqueta, quitaron los carros que estaban estacionados. No se vale, apenas estábamos dialogando, dijo un cooperativista.

Relató que los policías les ordenaron tirarse al piso, luego los encerraron en una cocina y les pidieron identificaciones.

El ex minero consideró que el gobierno estatal hace “‘más por el extranjero que por el de su tierra. Nos dijeron que si no salíamos, nos íbamos al bote”.

El secretario de Gobierno, Salvador García López, dijo que las inversiones extranjeras y las nacionales se asientan en Guanajuato porque la entidad vive el estado de derecho y que la operación derivó de una denuncia presentada por la empresa.

El funcionario llegó al desalojo con el procurador de Justicia del estado, Carlos Zamarripa, quien aseguró que durante la ocupación de las instalaciones de Great Panther Silver hubo destrucción de computadoras y robo de uniformes y botas, entre otros artículos.

Rechaza PRI proyecto Escudo

El diputado priísta Javier Contreras Ramírez sostuvo ayer en tribuna que el gobierno del estado violó la Constitución de Guanajuato y la soberanía del Congreso local al firmar un contrato de 2 mil 700 millones de pesos, sin aprobación del Legislativo, para el proyecto de seguridad Escudo, que incluye la instalación de arcos en carreteras, una red de fibra óptica, cámaras de vigilancia, botones de emergencia y el uso de un software, que la empresa Seguritech pondrá en funcionamiento en la segunda quincena de abril.

El gobierno estatal negó haber violado la ley y señaló que demostró ante el Órgano de Fiscalización Superior que sólo los contratos plurianuales de proyectos de prestación de servicios requieren aprobación del Congreso local.