Desde la imposición de un proyecto minero de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, han ocurrido de forma sistemática diversas violaciones a las garantías básicas de los pobladores de la región, sobre todo el derecho a la vida, a la libre determinación y a tener un medio ambiente sano, afirmaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, activistas de los grupos denunciantes –entre ellos el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y el Centro de Análisis e Investigación Fundar– presentaron los resultados del informe Justicia para San José del Progreso, elaborado a partir del trabajo de una misión civil de observación que visitó la zona desde finales de 2012 y actualizó su labor a la fecha actual.

El mencionado documento señala que desde su llegada al territorio de San José, en 2006, Fortuna Silver Mines ha violado diversos derechos de la comunidad, con el respaldo de las autoridades estatales y federales, entre ellos el de la vida; el consentimiento libre, previo e informado; la información pública, y la propiedad colectiva del territorio.

De igual forma, la compañía con sede en Vancouver, Canadá, pasó por alto el derecho de los pobladores a la libre determinación, a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, a la asociación y reunión, a la libertad, a la integridad personal y a la administración de justicia, así como las garantías de sectores vulnerables como mujeres, niños y defensores de derechos humanos.

Por todo ello, el informe dirige una serie de recomendaciones a los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de que éstas ponderen los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de las empresas mineras.

A la Secretaría de Economía, por ejemplo, le exige cancelar las cuatro concesiones otorgadas a Fortuna Silver Mines –sin consentimiento libre e informado de la comunidad–, mientras que al gobierno de Oaxaca le pide que asuma un rol más activo en la defensa de las personas cuyos derechos han sido violados por la instalación de megaproyectos.

Luego de recordar que Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, activistas opositores a la mina, fueron asesinados en los primeros meses de 2012, las organizaciones anunciaron que entregarán el informe a la embajada de Canadá y a la sede diplomática de la Unión Europea, al tiempo que sostendrán reuniones con las secretarías de Gobernación, Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales.