Washington, 12 de marzo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, defendió este miércoles en el Congreso la petición presupuestal del año fiscal 2015 para la Iniciativa Mérida con México, luego de que un legislador demócrata opinó que debía ser mayor.

La Casa Blanca solicitó este mes al Congreso un presupuesto de al menos 115 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, con enfoque en la institucionalización de la aplicación de la ley, así como en el combate y desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Nuestra petición refleja dinero en curso. No se traduce en una reducción en ninguna de nuestras prioridades o esfuerzos. Lo mismo es cierto para Colombia, expresó Kerry en una audiencia del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes.

De verdad sentimos que hay un adecuado financiamiento y que tenemos los recursos en el presupuesto, por los fondos que hay en curso, para poder hacer las cosas que necesitamos.

El jefe de la diplomacia estadunidense respondió así al representante demócrata por Texas Henry Cuellar, quien afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto conduce una transformación en economía, energía, educación y telecomunicaciones.

Pero en la parte de seguridad, tengo la preocupación de que gastamos tanto en Estados Unidos que preferiría gastar un poco de dinero en la otra parte. Entre más detengamos en la otra parte, menor será la carga para nosotros, señaló Cuellar.

Kerry sostuvo que la petición presupuestal toma en cuenta que existen otros recursos en marcha, aunque admitió que en 2015 podría cambiar la situación.

Durante el intercambio, Cuellar pidió a Kerry reunirse con la secretaria de Estado adjunta, Roberta Jacobson, pues el legislador sostuvo que ella conoce bien la situación.

La petición para México en el presupuesto del año fiscal 2015 incluye 80 millones de dólares bajo el rubro de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

El plan presupuestal contiene otros 35 millones de dólares del fondo de apoyo económico destinado a fortalecer la construcción de reformas para mejorar la aplicación de la ley en materia de derechos humanos y el fortalecimiento de las comunidades.