Documentos que forman parte del archivo de la Comisión Especial legislativa que investigó a la empresa Construcciones Prácticas, vinculada con los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, revelan que los familiares de Vicente Fox Quesada sólo pagaron 34 millones 940 mil pesos por créditos en cartera vencida, cuyo valor en libros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ascendía a mil 327 millones 980 mil pesos.

El informe elaborado por la citada Comisión Especial, cuando Jesús González Schmal la presidió, también documentó que en 2005 Mario Beauregard, entonces secretario ejecutivo del IPAB, reconoció la adjudicación de la cartera de créditos a Construcciones Prácticas. Aquel funcionario matizó el enorme beneficio otorgado a la empresa, porque la venta de cartera de créditos proveniente de BanCrecer no constituyó una venta de bienes inmuebles.

Seis años antes, el 3 de noviembre de 1999, el IPAB celebró el contrato de apertura de crédito simple por la cantidad de 102 mil 200 millones de pesos con el Banco de México, a fin de obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el saneamiento financiero de BanCrecer.

Así, a partir del primero de diciembre de 2001 las inscripciones de hipoteca (de casas e inmuebles privados) en favor de BanCrecer pasaron a formar parte de los activos del IPAB. El instituto tenía la obligación legal de custodiar y administrar escrupulosamente esas propiedades y, consecuentemente, obtener una máxima recuperación de ingresos producto de su venta.

En aquella misma fecha, el IPAB contrató a la empresa Fénix Administración de Activos, para organizar y ejecutar los procesos de subasta y licitación de los activos obtenidos de los bancos rescatados.

Para entonces el instituto destacó la probidad moral, la experiencia y la capacidad técnica de la administradora para justificar su acuerdo. No obstante, no terminaron de transcurrir cinco años para que el IPAB demandara a Fénix Administración ante el juzgado décimo de distrito en materia civil en el Distrito Federal, en el expediente 168/2006-II. Esa determinación ocurrió porque Fénix actuó con amplia discrecionalidad en las operaciones de subasta y licitación.

En medio de este escenario, el IPAB –vía Fénix Administración– convino cuatro operaciones con Construcciones Prácticas, dos de inmuebles y dos de licitaciones de cartera.

Así, refiere el informe de la comisión especial encargada de investigar a Construcciones Prácticas –elaborado por el entonces diputado Jesús González Schmal y el economista José Juárez–, Fénix Administración adjudicó el 10 de febrero de 2004 el contrato de cesión de créditos y derechos litigiosos de la cartera de BanCrecer, respecto del paquete C con la empresa ligada a los Bribiesca Sahagún.

En la primera adjudicación, que favoreció a los hijastros de Fox Quesada, el IPAB entregó el 10 de febrero de 2004 el paquete C (integrado por 27 créditos hipotecarios), por un monto de mil 183 millones de pesos, calculado en libros del instituto. Los Bribiesca Sahagún sólo erogaron por él 8 millones 100 mil pesos. Es decir el IPAB, vía Fénix, vendió en 0.68 por ciento del valor real casas e inmuebles a la familia del entonces presidente de la República.

Cuatro meses después, el 23 de junio de 2004, se adjudicó a Construcciones Prácticas el paquete H tasado en 114 millones de pesos. Por él los Bribiesca pagaron un millón 560 mil pesos.

La segunda adjudicación ocurrió el primero de abril del 2004, cuando se entregó el predio Los Pirules (antes El Chilar y El Calvario) de Celaya, Guanajuato. El valor impuesto en libros por el IPAB fue de 2 millones 200 mil pesos. Inexplicablemente Construcciones Prácticas pagó 4 millones 350 mil pesos.

También el 29 de abril de 2004, la empresa recibió 257 departamentos del fraccionamiento Santa Catarina, en San Francisco Totimehuacán, Puebla. El precio fijado por el IPAB y Fénix fue de 28 millones 80 mil pesos, y el pago por ellos alcanzó 20 millones 930 mil pesos.

Cuatro años después de haberse adjudicado la cartera vencida al IPAB, el notario público 24 de Celaya, Guanajuato, Arturo Nieto Lámbarri, quién firmó documentos relacionados con esas operaciones, se deslindo de ellas al enviar una carta al diputado Elías Cárdenas, quien fue el encargado de proseguir la investigación iniciada por la diputada Martha Lucía Micher y continuada por Jesús González Schmal.

El notario expuso en aquel entonces que no tenía conocimiento de la operación que habría beneficiado a los hijos de Marta Sahagún.

“No tengo, como le dije telefónicamente, ninguna constancia de que la empresa Plaza Industrial y sus representantes, obligados solidarios, realizaron pagos a BanCrecer. Lo anterior, independientemente de los comentarios que en la página segunda de su carta hace en relación a quien correspondía liberar y el procedimiento judicial que debería haberse levado a cabo, de lo que tampoco tengo conocimiento.

Si lo anterior fuera, suponiendo sin conceder, que los procedimientos anteriores al otorgamiento de la cancelación hecha constar por el suscrito, quizá procediera a promover la nulidad de mi escritura. Si otro particular y confiando en su buena fe, quedo como su atento y seguro servidor.