La Procuraduría General de la República (PGR) creó una fiscalía especializada para investigar los casos de corrupción a nivel federal, así como cualquier otro delito cometido por un servidor público. La instancia, derivada de la reciente reforma político-electoral, entrará en funciones luego de que el Senado designe al fiscal del área.

La fiscalía absorberá a la actual unidad especial del ramo; la estructura se llamará ahora fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, la cual estará adscrita a la oficina del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

El anuncio de la integración de una fiscalía superior en la materia ocurre en momentos en que el Senado integró una comisión para dar seguimiento al caso Oceanografía, vinculado con un quebranto a Petróleos Mexicanos (Pemex), en el cual se relaciona, como presuntos responsables a funcionarios del sexenio anterior encabezado por Felipe Calderón.

El caso Oceanografía (de cuya investigación por presunto lavado de dinero a cargo de la PGR, se creó además una comisión especial investigadora en el Senado) no es el único en el que se apunta la corrupción de funcionarios federales de las administraciones anteriores.

Un expediente considerado emblemático en cuanto a pagos improcedentes, erogaciones ilegales y corrupción de servidores públicos fue la construcción de la Estela de Luz, en el contexto de la celebración del bicentenario de la Independencia. También se registraron otros casos, como la vinculación de 13 empleados de Caminos y Puentes Federales por cobros ilegales a empresas y el registro de obras inexistentes.

De igual forma, se ha documentado que las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son infructuosas, porque prácticamente no se cobran multas a funcionarios corruptos a quienes se comprobaron actos irregulares.

De 1991 a junio de 2010, la Secretaría de la Función Pública impuso multas por 44 mil 803 millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 3 mil 769 millones, de las cuales sólo se pudieron cobrar 75 millones de pesos, es decir, menos de uno por ciento (La Jornada 1/11/2010).

En el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no se hace mención de ningún caso en particular; sólo se precisa que la nueva instancia de la PGR tiene entre sus objetivos ‘‘fortalecer los mecanismos institucionales’’ para detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Se hace énfasis en que la corrupción no es un fenómeno aislado ‘‘y no puede combatirse sólo persiguiendo a quienes han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas’’.