l caso de Oceanografía confirma, por si hubiera dudas, no sólo el elevadísimo grado de corrupción imperante en el país y la connivencia entre el sector privado y el público a la hora de hacer negocios con recursos de la nación, sino la espeluznantemente deficiente estructura de control y vigilancia que existe en cada una de las instituciones del gobierno federal y zonas conexas, así como la ostentosa falta de coordinación gubernamental a la hora de intentar el control de daños.

Sin duda, hasta ahora la palma en este entuerto se la lleva el inexperto director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin (especialista en inversiones de capital privado e hijo de quien fuera secretario salinista de Energía, sin la menor idea de cómo se maneja un ente del Estado), quien ha sido el que mayores contradicciones reporta a la hora de confrontar sus declaraciones con las de otros integrantes del gabinetazo peñanietista.

Así, más tardó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en destapar públicamente el caso de Oceanografía (cerrado a piedra y lodo por los dos gobiernos panistas) que Lozoya Austin en exigir “sigilo y secrecía” en el manejo de la investigación y, especialmente, de los nombres de los involucrados. Pero todo indica que la exigencia del inexperto le valió una pura y dos con sal al ex gobernador de Hidalgo, quien hizo públicos más de diez nombres de los presuntos responsables el enjuague, aunque los de los padrinos los mantuvo en reserva.

Corrieron las horas, y Lozoya Austin aseguró que el de Oceanografía es un caso aislado que no tiene efecto financiero en Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hasta el ministro del año lo desmintió: todas las instituciones públicas y privadas que tuvieron algún tipo de relación con la empresa Oceanografía fueron afectadas por el fraude que cometieron, mientras el caso aislado ya impacta las finanzas de cuando menos el IMSS, el Infonavit y el SAT, sin olvidar al SAE, que tuvo que echar mano de 200 millones de pesos en fondos públicos para cubrir la nómina inmediata de la empresa defraudadora.

A estas alturas nadie sabe (versión oficial) dónde estaban los aparatosos órganos de control instalados en cada una de las distintas instituciones públicas involucradas en este asunto, a cuyos titulares les pasó de noche la evasión fiscal, la de cuotas obrero-patronales, la falsificación de facturas y tantos otros aspectos de los que son legalmente responsables.

Todos defienden su esquina, porque así como Lozoya dice que Pemex no sale raspado con el asunto de Oceanografía, Luis Videgaray asegura que el fraude por ella cometida no pone en riesgo el sistema financiero y que el gobierno federal no rescatará al consorcio fraudulento, consentido de los dos gobiernos panistas. Cada cual su cuento, pero lo cierto es que este asunto lejos de ser aislado, ha puesto a parir a más de dos en el ámbito político y afecta la de por sí escasa credibilidad gubernamental.

Dice el ministro del año que el gobierno no rescatará Oceanografía, pero el hecho es que cuando menos 200 millones de pesos del erario ya se destinaron al pago de una nómina que al gobierno no le corresponde (si dice lo contrario, entonces tendrá que pagar a los trabajadores de Mexicana de Aviación que llevan cuatro años esperando justicia política, económica y social), y de pasadita intervino al equipo de futbol gallos blancos de Querétaro, a cuyos técnicos y jugadores deberán cubrir sus salarios en la misma lógica que a los trabajadores en Campeche.

Y si todo esto no fuera suficiente, hay que recordar que Amado Yáñez tuvo tiempo sobrado para agarrar el avión, y las embarcaciones de la empresa Oceanografía sencillamente desaparecieron de aguas territoriales mexicanas, de tal suerte que también a las autoridades porteñas las agarraron papando moscas, mientras los panistas intentan defender lo indefendible, sobre todo ahora que deben tomar una decisión: cuidan al partido o protegen el cadáver político de su ex jefe, el tal Jelipe.

Las rebanadas del pastel

De la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de Mexicana de Aviación: “en diciembre de 2001 se crea el fideicomiso como ayuda financiera para hacer frente a las pensiones de los sobrecargos que se jubilaran con un monto inicial de 124 millones de pesos, con una necesidad de fondeo de entre mil 500 y mil 700 millones de pesos; en 2005, la controladora Cintra (Andrés Conesa Labastida), vende Mexicana de Aviación al Grupo Posadas, comandado por Gastón Azcárraga, en una suma irrisoria de donde se descontó el pasivo laboral, haciéndose este grupo responsable del mismo al adquirir la empresa. En agosto de 2006 los sobrecargos interpusimos un recurso de revisión mayor a la empresa como respuesta por el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica interpuesto por Azcárraga justo después de adquirir la empresa y sin haber invertido un peso en ella; la DGAC (Gilberto López Meyer) dependiente de la SCT (Juan Molinar Horcasitas) asegura que realiza revisiones periódicas conforme a la ley y manifiesta que los sobrecargos no tenemos ‘interés jurídico’ en el asunto; en 2007 la empresa vende la emblemática Torre de Xola a un precio por debajo de su valor catastral; en 2008 traslada intangibles como la marca, programa Frecuenta, etcétera, a otras entidades y así despoja y prepara el terreno para quebrar Mexicana de Aviación; en 2009, so pretexto de la epidemia de influenza, Bancomext (Héctor Rangel Domene) le presta 900 millones de pesos aceptando en garantía nueve aviones en fideicomiso, préstamo por demás fraudulento, ya que la empresa mostraba desde antes los síntomas de una profunda crisis financiera; el 2 de agosto de 2010 Mexicana solicita el concurso mercantil, el 13 de agosto Tenedora K (Jorge Gastélum) compra por mil pesos el 95 por ciento de las acciones, el 28 Mexicana anuncia el cierre de operaciones por inviabilidad económica y el 7 de septiembre del mismo año, el juez Felipe Consuelo Soto oficializa el concurso mercantil. El resto es historia conocida. Esta crónica nos muestra claramente la responsabilidad del gobierno federal (panista) por las acciones y omisiones cometidas durante este proceso, puesto que todo esto sucedió bajo la tutela y el auspicio de la controladora Cintra, la DGAC, la SCT y Bancomext. Por ello exigimos la recuperación de los más de 8 mil 500 empleos directos que ha costado este complot en contra de Mexicana de Aviación y de sus empleados, así como el pago inmediato de las pensiones de los sobrecargos jubilados y el fondeo del fideicomiso F/797”… Mientras, Gastón Azcárraga cómodamente promovió un amparo contra la orden de aprehensión liberada en su contra.

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com