Dice Raúl Vera López, obispo de Saltillo: En el camino he aprendido mucho. El camino es el que ha recorrido con las familias de los 65 mineros de Pasta de Conchos, cuyos cuerpos siguen aún en el fondo de un túnel, a 150 metros de profundidad desde 2006. Es su convivencia con los transmigrantes aterrorizados que llegan al albergue que él fundó en la capital coahuilense en 2001. Es el acompañamiento a las luchas de miles de sobrevivientes y familiares de víctimas de masacres y agresiones cometidas a lo largo de los años y a lo ancho de la geografía nacional.

Uno llega a conocer muchas cosas del país real atendiendo a los pobres, atendiendo a las víctimas.

–¿Qué lecciones?

–Una: la tremenda corrupción que recorre a todo el Estado mexicano. ¿Quiénes protegen a los empresarios de Grupo México que hacen trabajar a los mineros hasta exprimirlos y luego abandonarlos? Son los mismos que poseen los trenes donde se cometen verdaderos actos de terrorismo contra los migrantes centroamericanos. Y los funcionarios que los encubren son los mismos que no hacen nada para encontrar a las decenas de miles de desaparecidos.

Cambio en la ruta de vida

A sus 69 años, el obispo Vera –a quien retrata el especialista en religiones Bernardo Barranco en su libro El evangelio social de Raúl Vera, de reciente publicación– es un hombre más politizado, más vehemente que aquel obispo coadjutor que en 1996 fue enviado por el Vaticano a San Cristóbal de las Casas para acotar y comenzar a desmantelar la obra diocesana del obispo Samuel Ruiz, quien a raíz del levantamiento zapatista había entrado en un choque frontal con el gobierno de Ernesto Zedillo y con la propia curia romana. El contacto con Chiapas y con don Samuel cambió la ruta de vida del fraile dominico que venía del obispado de Altamirano, Guerrero, para imponer en el Chiapas indio una línea conservadora.

Vera entendió –explica ahora, en entrevista– “la barrera que el tatik Samuel había levantado en defensa del mundo indígena” y se comprometió con él. Hizo suya la teología india del prelado al que iba a desplazar. Al final, la jerarquía eclesial desplazó a los dos. Así fue como Vera arribó a Saltillo en 1999.

Pero ahí demostró que era otro, un defensor de los derechos humanos.

Guanajuatense de nacimiento –es originario de Acámbaro– es un obispo indignado. En entrevista con La Jornada habla de una desarticulación de la nación. De una traición a la patria con la reforma que desmonta el control soberano del país sobre sus recursos energéticos. Señala a la clase política como falta de ética.

–Usted ha participado abiertamente en la resistencia contra la reforma energética…

–Porque se trata del desmantelamiento de nuestra Carta Magna. ¿Y para qué? para consumar la extracción de recursos del país en beneficio de las empresas extranjeras. Miren las cifras: en minería, la extracción de los metales precioso, que se hizo durante los siglos de colonia española ha sido superada con la que se ha hecho en los últimos, poquísimos años de presencia de mineras extranjeras en una tercera parte del territorio nacional, que está concesionado.

–¿Hay alguna articulación de la sociedad para poner nuevamente en el mapa el interés nacional?

–Como ni el Estado, cada vez más débil, ni la clase política hacen nada para detener este saqueo, nosotros ya en el Tribunal de los Pueblos estamos hablando de patriotismo, de la patria. Porque en la Constitución todavía está tipificado el término de traición a la patria, entendido éste como falta de voluntad de gestión soberana para garantizar bienestar a los ciudadanos.

A sus 69 años, el obispo Raúl Vera López acepta que hizo suya la teología india de Samuel Ruiz e intentó defender el mundo indígena desde la trinchera del tatik, pero fue desplazado a Saltillo por la cúpula de la Iglesia católicaFoto José Antonio López

–¿Cuándo dice nosotros a quién se refiere?

–A todos los que buscamos detener esto con resistencia pacífica.

–¿Qué lecciones dejó el levantamiento zapatista y el trabajo pastoral de Samuel Ruiz para la resistencia que se requiere hoy?

–Ahí nada se improvisó. Fue una construcción de muchos años. Y eso fue resultado de su lucha, incluso internacional, por el reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas. Al defender sus exigencias de dignidad y justicia se logró que fueran ellos mismos quienes asumieran esa lucha, como sujetos.

–¿Los albergues que ha levantado la sociedad civil a lo largo de la ruta de migrantes centroamericanos, para ayudarlos a sobrevivir la travesía, sería una de estas barreras de protección? Usted creó uno, el de Saltillo…

–Sí, realmente lo es. Pero la idea es que los sujetos de esta contención contra la violencia desatada por el crimen organizado y la corrupción gubernamental sean los propios pueblos.

–¿Qué otros contrapesos?

–Un caso emblemático es la lucha de las familias de mineros de Pasta de Conchos, con el que hemos llegado a las cortes de justicia internacional. Es muy ilustrativo. Siempre, a donde quiera que vayamos con nuestras denuncias y la exigencia de rescatar los cuerpos de los mineros que siguen en el fondo de la mina, encontramos los mismos apellidos, los mismos funcionarios, entre quienes insisten en negar ese derecho mínimo de las víctimas. Curioso, esto nos revela todas las ligas que existen entre el poder y el dinero. Así vemos al gobierno de Coahuila ofreciendo al Grupo México un servicio legal de defensa en contra de sus propios gobernados.

Esto habla del poco valor que le otorga quien tiene mucho dinero a la vida de un trabajador. Y luego vemos a los mismos –Larrea, del Grupo México, en este caso– beneficiados con las concesiones del monopolio ferrocarrilero, donde cada día se cometen verdaderos actos de terrorismo contra seres humanos, los migrantes. ¿Qué nos dice todo esto? Que es ahí, en esa corrupción de los empresarios y las autoridades donde vemos un desvío del poder que es criminal. ¿Por qué el gobierno defiende a estos empresarios criminales? ¿Lo hacen gratis? No lo creo. Eso es traición a la patria.

–¿Qué ha aprendido con el tema de los migrantes?

–Precisamente esta maraña de intereses entre poder y dinero que hay en la economía mundial, que es lo que está generando el empobrecimiento de la población. Las grandes multinacionales llegan a nuestros países a pagar 20 veces más bajo el salario que pagan en los países desarrollados. Y por eso los jóvenes se van de sus tierras, no quieren morirse de hambre. Y frente a este abuso los gobiernos son omisos.

La pasividad gubernamental

Los primeros casos que detectamos en Saltillo de actos terroristas contra los migrantes –arrojarlos del tren, provocar que quedaran mutilados o muertos en las vías, extorsionarlos o asesinarlos en el camino– fueron cometidos por empleados de las empresas ferroviarias. El gobierno mexicano no hace nada contra el Grupo México.

Y frente a la emergencia humanitaria de los que viajan sin documentos de Centroamérica a la frontera norte, ¿qué hace el gobierno? Hace una ley para otorgar supuestamente una visa temporal para migrantes, pero con requisitos imposibles de cumplir para la mayoría, que tiene que mostrar un contrato temporal en Estados Unidos y llevar consigo dinero suficiente para poder vivir seis meses. Perdón, pero esto es idiota.

(La versión ampliada de este entrevista puede consultarse en La Jornada online)