Guanajuato, Gto., 10 de marzo.

Unos 100 ex socios de la ex Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato tomaron la planta de beneficio de minerales Bustos, con el argumento de que en 2005 fue adquirida en forma ilegal y fraudulenta por la empresa canadiense Great Panther Silver.

El domingo, mineros y familiares se apoderaron de la planta, donde se tritura mineral extraído de varias minas de la región.

Este lunes llegaron soldados del Ejército Mexicano, quienes obligaron a un reportero a borrar fotos de la protesta.

A todos los socios activos: no teman a las amenazas que están recibiendo de los canadienses. No teman, pues les queda poco tiempo en el poder. Recuperaremos nuestras minas, decía una colocada en la planta.

Los ex cooperativistas recordaron que en 2005 Great Panther Silver usó como prestanombre a Compañía Mexicana El Rosario, y maniobró con apoyo del gobierno estatal para adquirir prácticamente regalados los bienes de Minera Santa Fe. Por la pobreza decidimos tomar la planta de Bustos. La venta no fue legal, pues con 78 millones de pesos no se paga uno de los bienes mineros más ricos del mundo. Además, ese dinero no llegó a manos de los cooperativistas, aseguró Guadalupe Gutiérrez, hija de un ex socio.

Los inconformes, entre ellos adultos mayores y viudas, recordaron que recientemente los guardias de los canadienses mataron como perros a dos lupios (ladrones de mineral) en vez de ponerlos a disposición de las autoridades.

La directora de comunicaciones de Great Panther Silver, Mariana Fregonese, aseguró que la compra de la cooperativa Minera Santa Fe fue legal, y la ocupación del inmueble de Bustos no lo es. Continuaremos trabajando con las autoridades municipales, estatales y federales para encontrar una solución pacífica y buscar opciones a fin de recuperar la custodia del inmueble, afirmó en un comunicado.

Los mineros señalaron que por sólo 78 millones de pesos Great Panther Silver se adueñó de 28 feudos mineros y 27 propiedades de la Cooperativa Minera Metalúrgica Santa Fe, cuando su valor real era de 280 millones de pesos.

Sin aval de los socios, el presidente del consejo de administración de la cooperativa, Pablo Olmos, formalizó la compraventa, con el aval de la administración estatal 2000-2006, encabezada por el gobernador Juan Carlos Romero, hoy senador panista.