Las comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron un dictamen que este martes pasará el pleno para sancionar con seis meses de prisión y multas de 50 a 300 días de salario mínimo las conductas indebidas contra los sistemas de llamadas telefónicas de urgencia.

Lo anterior, debido a que los servicios de ambulancia de seguridad pública o protección civil informaron que 50 por ciento de las llamadas que reciben son falsas, y la Cruz Roja Mexicana reportó que de los 5 millones 500 mil llamadas que reciben al año de urgencias, 70 por ciento son falsas y a la institución le cuesta 3 mil 500 pesos cada movilización de ambulancia.

Omar Fayad, senador priísta, presentó la propuesta y refirió que en el estado de México cada llamada falsa cuesta hasta 19 mil 500 pesos al erario cuando se requiere la movilización total de la fuerza de emergencia, y entre mil 500 y 2 mil pesos si sólo se envía una ambulancia. Fayad agrega que en la Cruz Roja del estado de México de 10 llamadas que se hacen 8 son de broma.

Expuso en su punto de acuerdo que en Guerrero el subdirector de emergencias reportó que de las llamadas que se reciben al año a números de urgencia, de 50 a 60 por ciento resultan falsas.

Dijo también que en Aguascalientes, en diciembre de 2012, se dispararon las llamadas para reportar falsas emergencias, pues de 84 mil 229 llamados de auxilio, 80 por ciento resultaron falsos.

La propuesta del senador fue reformar el Código Penal federal para sancionar conductas indebidas contra los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia.

En su análisis las dictaminadoras consideraron que se justifica la propuesta porque ya existe como delito en Baja California, Morelos, Puebla, Guerrero, Colima, Oaxaca, Jalisco, Nayarit y Chiapas.