En vísperas de que se elaboren las leyes secundarias de la reforma político-electoral, el PRD tiene como prioridad que haya una regulación más estricta en materia de propaganda gubernamental, para lo cual impulsará que se aprueben restricciones importantes, como fijar una partida para las dependencias de máximo de 0.05 del gasto corriente contenido en el presupuesto, e impedir que ésta se incremente en año electoral.

La propuesta de regular la propaganda gubernamental establece la elaboración de un programa anual de la administración pública federal, que contendría objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas, con base en indicadores de desempeño, para definir una estrategia general de comunicación social.

En su propuesta, la regulación de la propaganda oficial abarcaría los tres niveles de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos. Con el propósito de que se respete el tope de gastos, los entes públicos no pueden recibir tiempos en donación, crédito o patrocinio, ni convenir el pago de créditos fiscales. Tampoco, cualquier otra obligación de pago en su favor mediante la prestación de servicios de propaganda.

Otro planteamiento asociado a esta regulación de la propaganda es fijar criterios que obliguen a los entes públicos a priorizar los tiempos oficiales sobre los comerciales, y sólo en caso de que no estuvieran disponibles avalar la compra de espacios con medios de comunicación particulares, prefiriendo los públicos y sociales.

En este sentido, se plantea que los tiempos oficiales que le corresponden al Estado en radio y televisión se distribuyan equitativamente entre los poderes y niveles de gobierno: 40 por ciento al Ejecutivo federal en radiodifusión local, del cual 20 por ciento se compartirá con los gobiernos estatales, distribuidos a su vez de manera proporcional con los poderes locales; 30 por ciento para el Congreso federal; 10 por ciento para el Poder Judicial Federal, y 20 por ciento para los órganos constitucionales autónomos.

El planteamiento perredista también alude a prohibir la denominada censura indirecta, es decir, se pretende impedir que una sola empresa, grupo o medio de comunicación reciba más de 25 por ciento del gasto total destinado a comunicación social. Asimismo, no podrán adquirirse servicios bajo criterios directa o indirectamente relacionados, con la línea editorial o la opinión de los medios.

De forma paralela se busca prohibir la difusión de la propaganda indirecta, evitando la adquisición onerosa o gratuita para la promoción personalizada, de publicidad que sea presentada como noticia o bien como parte de los contenidos de programas en medios electrónicos, entrevistas o cobertura informativa de actos oficiales de cualquier clase.

Para garantizar la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones, el PRD plantea crear un consejo ciudadano, que estará adscrito al órgano anticorrupción.