Los despidos y la discriminación por embarazo no han cesado en el país, pese a que la legislación laboral y diversos tratados internacionales ratificados por México lo prohíben, aseguró Edith Ramírez, secretaria de equidad de género de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, la abogada criticó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la inspección laboral, no dé cuenta de estos atropellos, que no emprenda campañas de sensibilización al respecto y que la reformada Ley Federal del Trabajo no incluya en su artículo 133 sanciones para así impedir que los patrones, ya sea del sector público o privado, incurran en estas prácticas.

El año pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación alertó respecto de que el embarazo era la segunda causa de despido laboral y a finales de 2013 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México indicó que las denuncias por estas razones se habían incrementado en 30 por ciento en el Distrito Federal. También indicó que del 2 de mayo al 30 de agosto de ese año había integrado 26 expedientes de quejas de mujeres violentadas en sus trabajos por sus embarazos.

Ramírez indicó que es lamentable que con frecuencia las embarazadas son despedidas, su contrato no se les renueva o se les disminuye el sueldo. Además, muchas empresas privadas solicitan pruebas de ingravidez como requisito para la contratación o ya estando en el puesto se les piden periódicamente, como sucede en las maquiladoras.

En tanto, la Federación Mexicana de Universitarias se pronunció en contra de la propuesta de reforma constitucional que se presentó en la Cámara de Diputados para penalizar el aborto, los anticonceptivos y la fecundación in vitro.