l Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo, nos da la oportunidad de plantear ante la opinión pública aquellas cuestiones que violentan u obstaculizan el pleno goce de los derechos humanos de este numeroso contingente de la población, entre ellas la inequidad de género. El género surge de las construcciones socioculturales e históricas que definen, simbolizan y representan las diferencias sexuales, pero que en muchas ocasiones se transforman en discriminación, pues se utilizan para fraccionar el ámbito de lo privado y de lo público, restringiendo con ello la responsabilidad de los hombres en la familia y la participación de las mujeres en la sociedad.

Un estudio desde la perspectiva de género (PG) destaca las desigualdades que sufren las mujeres respecto de los hombres, las cuales constituyen un obstáculo para que puedan tener una calidad de vida basada en el principio de la dignidad humana. Con un análisis a partir de la PG podemos identificar todas aquellas condiciones que las mujeres viven dentro de las familias y en la sociedad, así como los efectos que preservan y propician su condición de discriminada, segregada, maltratada, marginada, empobrecida, acosada, traficada, sin empleo, sin sueldo, o con un sueldo desigual.

En el caso de México, el artículo primero de la Constitución establece que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos por ella y los tratados internacionales de los que el país sea parte, así como de las garantías para su protección. Más adelante, en el artículo cuarto se declara que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, por lo que el Estado mexicano debe garantizar que no existan medidas o acciones que sean contrarias a este principio. México ha firmado y ratificado también diversos instrumentos internacionales que reconocen y establecen obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las mujeres, como la Convención contra Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, por mencionar algunos.

Ello no obstante, en nuestro país aún existe mucho por hacer para lograr la equidad de género. Los indicadores respecto a la situación de las mujeres señalan que siguen padeciendo violaciones a sus derechos laborales, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda y a sus derechos civiles. Por ejemplo, las cifras dadas a conocer este año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del 8 de marzo, indican que las mujeres realizan 76.7 por ciento del total de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas. Lo que equivale en el año 2011 a 15.6 por ciento del PIB nacional. Y a pesar de que la mujer ha ganado un amplio terreno en el mundo del trabajo remunerado, persiste la brecha salarial de género. Esta brecha es definida por la OCDE como la diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres, expresada como un porcentaje del salario masculino. El Informe Brechas salariales en el continente americano menciona que en 2010 en México la brecha salarial por género en ingresos medios se ubicaba entre 5 y 7 por ciento. Dicha brecha se debe, entre otras cosas, a la segregación de las mujeres en el ámbito educativo, y, como consecuencia, en el ámbito laboral. Pero de igual forma en el ámbito familiar, pues allí se relega a la mujer a ciertos roles que le impiden el goce de diversos derechos. Sin embargo se ha demostrado que las mujeres tienen un mejor aprovechamiento cuando pueden acceder a determinados ámbitos. En este sentido el Inegi señala en un estudio de 2012 sobre hombres y mujeres en México, que de la población que accedió a los sistemas educativos medio superior, 46.6 por ciento de las mujeres lograron concluir al menos un grado, a diferencia de 43.9 por ciento de los hombres. A pesar de ello la desigualdad se manifiesta también en la violencia hacia las mujeres. Cifras oficiales del Inegi en 2013 advertían que 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. Las tasas de homicidios de mujeres se encuentran por encima de la media nacional (4.6 por cada cien mil mujeres), situación que se vuelve alarmante y nos hace cuestionar por qué los gobiernos estatales y federal se niegan a implementar las alertas de género, tal y como sucede en el caso del estado de México, entidad que ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel nacional. En México ha habido ciertamente avances en materia de género, pero aún no se termina de asumir esta perspectiva en la legislación o en las políticas públicas.

Lo anterior puede llevarse a cabo por medio de acciones afirmativas o de discriminación positiva, como es el caso de las cuotas de género, que ahora obliga a los partidos a repartir 50/50 entre candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Lo que a la larga se espera genere mayor representatividad de mujeres en puestos estratégicos, y con ello que sean ellas quienes propongan y realicen los cambios necesarios para lograr una verdadera equidad de género. Y entre ellos, fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos, en la que siempre se utilice un lenguaje incluyente. Por tanto, diseñar, implementar y evaluar una legislación o política pública desde una perspectiva de género, debe contemplar como propósito último detectar y combatir el trato desigual, tomando en cuenta el principio de no discriminación. Es decir, generar acciones para disminuir las brechas entre hombres y mujeres, para permitir que ambos puedan gozar plenamente sus derechos.