a declaratoria de las empresas Televisa y Grupo Carso (propietaria de Telmex y Telcel) como agentes económicos preponderantes, hecha pública ayer por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y por las propias compañías, constituye en principio un paso en la dirección correcta para revertir la estructura monopólica que impera en el ámbito de las telecomunicaciones y que hasta ahora ha impedido el desarrollo de una competencia real en ese sector.

La declaratoria del órgano regulador se hace acompañar por medidas orientadas a limitar el control ejercido por las empresas referidas en sus respectivos mercados: en el caso de la televisión abierta, la prohibición de condicionar o discriminar la venta de espacios publicitarios, la proscripción para adquirir en exclusiva derechos de transmisión de contenidos relevantes y la obligatoriedad de compartir su infraestructura a terceros; por lo que hace a la telefonía fija y móvil, los agentes económicos preponderantes deberán informar pertinentemente sobre tarifas a sus usuarios, además de compartir sus redes telefónicas con compañías más pequeñas.

Es de saludar el hecho de que en la declaratoria referida no hayan prosperado las presiones ejercidas por las televisoras para eludir y postergar algunas de las condiciones de mayor apertura y competitividad que se derivan de la reforma constitucional en la materia, aprobada el año pasado. Particularmente improcedente habría sido que el organismo regulador hiciera una interpretación favorable a Televisa en lo relativo a su preponderancia en el terreno de las señales radiodifundidas –por ejemplo, mediante la suma de las señales que detenta la empresa en radio y televisión– a fin de que se quedara por debajo del 51 por ciento de participación, necesario para ser declarada como preponderante. Otro punto destacable es el hecho de que la declaratoria de ayer se acompaña de la convocatoria para licitar dos cadenas de televisión nacional, lo que augura una mayor competencia en el terreno hoy dominado por el duopolio televisivo propiedad de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.

Desde luego, la declaratoria reviste aspectos criticables, como el hecho de que resulta ambigua sobre los alcances de la misma: si se limita al ámbito de la televisión abierta o abarca también al de la restringida, mercado en el que Televisa detenta un control casi total: por un lado, el presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, reconoció ayer que la Constitución sólo mandata al organismo a analizar los mercados de televisión abierta y de telecomunicaciones; por otro lado, la consejera María Elena Estavillo señaló que las medidas impuestas por la entidad reguladora no están acotadas a la televisión abierta.

Pero es indudablemente un paso en la dirección correcta y marca un buen inicio en las tareas de regulación del Ifetel, en contraste con el historial de tibieza y parcialidad en favor del poder mediático de su antecesora, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Finalmente, desde el punto de vista político, la declaratoria de preponderancia y la concreción de medidas asimétricas en contra de las empresas hegemónicas en telecomunicaciones trastocarán sin duda su poderío económico –como quedó de manifiesto ayer con la caída de las acciones de la televisora de avenida Chapultepec en los mercados bursátiles–, aunque no necesariamente se traducirá en una pérdida de su poder fáctico e indebido. El órgano regulador y la sociedad en general tendrán que estar alertas ante la posibilidad de que las medidas anunciadas terminen por ser un vehículo para el reacomodo de los poderes oligárquicos que controlan hoy el ámbito de las telecomunicaciones, pero no una verdadera apertura y competencia en ese sector.