a represión gubernamental contra los movimientos sociales que se oponen a las políticas depredadoras del actual régimen aumenta en la misma medida en que el descontento se organiza y se convierte en un obstáculo para que se instalen sin ningún problema o, como los personeros del régimen suelen decir, se convierten en un obstáculo para el progreso. No se trata de una reacción desesperada de algún funcionario, sino de una maquinaria muy bien diseñada donde participan representantes de los tres órdenes de gobierno y de todas las tendencias políticas, combinadas con personal de las empresas privadas interesadas en que sus proyectos se instalen, y en algunos casos, cuando lo anterior no funciona, golpeadores y pistoleros. La represión tampoco se traduce en golpear a los inconformes: comienza con intentos de cooptación a los descontentos, si no aceptan se le amenaza para que se retiren de la lucha y si insisten en continuar entonces se pasa a otros niveles como los golpes, el secuestro y el asesinato.
Hay muchas evidencias de lo anterior, pero en las últimas semanas han circulado denuncias sobre lo que hemos anotado. Una de ellas es de la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Comala, en el estado de Colima, donde varios comuneros y sus asesores han sido amenazados por oponerse a que ahí se instale una empresa minera, pues están seguros de que destruiría el ambiente, contaminaría el agua que consumen en la región, y volverían enfermedades que ya no veían. La punta de lanza de la agresión es la delegada de la Procuraduría Agraria, quien ha emitido una serie de infundios para desacreditar a los inconformes. Otro caso por el mismo rumbo es el de Las Cruces, municipio de Ruiz, en el estado de Nayarit, donde comunidades indígenas, de campesinos y pescadores, se oponen a la construcción de una presa porque destruiría sus formas de vida, desaparecería los lugares sagrados de los coras y tepehuanes y acabaría con las marismas de la región. A pesar de la oposición, la Comisión Federal de Electricidad insiste en llevar a cabo la obra, apoyada por la Procuraduría Agraria y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Un poco más al centro, en la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco, sus habitantes y colectivos solidarios siguen exigiendo al gobierno del estado que suspenda la obra por el escaso beneficio que traería a los jaliscienses y los más beneficiados serían los empresarios del estado de Guanajuato. Al principio de su mandato, el actual gobernador manifestó voluntad para atender los reclamos de los afectados pero un año después éstos denuncian que nada ha hecho por cumplir. El asunto es complejo porque, además de la razón social de los reclamantes, existen dos amparos a su favor, que ordenan a las autoridades estatales y federales suspender la obra, pero parece que pesan más los intereses económicos que los derechos. En los últimos días, sin que esté claro por qué, la Universidad de Guadalajara exigió y el gobierno le concedió revisar los documentos técnicos de la obra para emitir una opinión y el gobierno municipal exhortó al gobernador a revisar la viabilidad de la obra. Mientras todo esto sucede, la construcción continúa; tal vez sus impulsores piensan que una vez terminada, no habrá razón que impida su funcionamiento.
En el istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, el ambiente sigue tensándose entre los promotores de los proyectos de energía eólica y los dueños de la tierra donde pretenden instalarlos, porque de realizarse ellos no podrían hacer uso de sus tierras para obtener sus alimentos y demás actividades espirituales derivadas de su cosmovisión indígena. El epicentro del descontento, que durante meses se ubicó en San Dionisio del Mar, ahora se ha trasladado a la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, en otros tiempos símbolo de la resistencia popular y las propuestas emancipatorias. Paradojas de la política y la historia: muchos oaxaqueños esperaban que con el primer gobierno no priísta las cosas cambiarían, pero no fue así. La organización y los líderes que hace años encabezaban a los pueblos contra el caciquismo y el autoritarismo gubernamental, en quienes los juchitecos creían, son quienes ahora hacen el trabajo a las empresas para que despojen a los pueblos de su patrimonio.
Para que los movimientos sociales remonten la represión orquestada de esa manera se requiere más que voluntad. Cuando los órganos responsables de procurar y administrar justicia no lo hacen, y los encargados de defender a los campesinos o procurar los derechos de los pueblos indígenas se ponen contra ellos, no queda más camino que la organización y movilización de los afectados para denunciar la situación y llamar a la solidaridad de otros sectores que creen en su lucha.
