Guadalajara, Jal., 6 de marzo.

Desde que terminaron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, a fines de ese año, cada mes se usan al menos un millón de pesos del erario estatal para dar mantenimiento a las Villas Panamericanas donde se hospedaron los atletas. El inmueble, que supuestamente iba a venderse, se encuentra deshabitado y carece de licencias municipales para uso habitacional.

En marzo de 2011, antes de que terminaran de construirse las villas en el municipio de Zapopan, junto al bosque de La Primavera, en un predio de alta vulnerabilidad ambiental al poniente de Guadalajara conocido como El Bajío, el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) prohibió a la sociedad compuesta por el gobierno estatal, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y la constructora Corey Integradora vender los 650 departamentos.

El principal argumento del TAE y del ayuntamiento de Zapopan es que las villas ocupan 17 hectáreas de una zona ecológica de baja densidad poblacional y de recarga de acuíferos, lo que se vería afectado con la llegada de unos 3 mil habitantes.

El alcalde Héctor Robles advirtió esta semana que no autorizará el cambio de uso de suelo para que el complejo sea habitado.

Las villas se construyeron entre 2009 y 2011, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) gobernaba el estado. Costaron unos mil 200 millones de pesos, de los cuales 927 millones salieron de programas para promover viviendas populares, del fondo de jubilaciones de burócratas jaliscienses y hasta del gasto corriente del gobierno estatal, que prestaron ese dinero a Corey, empresa cuyo principal accionista, Salvador Cornejo Reynoso, procede de una familia de militantes panistas.

Los promotores del proyecto recurrieron a este esquema porque ningún banco privado aceptó dar el crédito a Corey por inviabilidad financiera, según declaró en 2012 el entonces gobernador Emilio González Márquez para justificar la entrega de dinero público y del Ipejal.

Por cuestiones que siguen sin aclararse, se decidió construir en terrenos propiedad de Corey, pese a la oposición de grupos ecologistas y hasta del TAE.

El complejo habitacional se erigió a marchas forzadas para tenerlo listo días antes de que empezaran los Panamericanos. Se inauguró el 13 de octubre de 2011, luego de perder meses en un proyecto fallido para el cual se invirtieron 400 millones de pesos en estudios y compra de predios en el centro de Guadalajara.

Para lograr los permisos municipales en El Bajío, el 22 de diciembre de 2009, unos días antes de que terminara su gobierno, el entonces alcalde panista de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, otorgó la licencia de construcción. El TAE consideró que esta decisión violó las normas sobre densidad habitacional y protección al ambiente.

La llegada del Partido Revolucionario Institucional al ayuntamiento de Zapopan, en 2010, y al gobierno estatal, en 2013, complicó la situación.

El gobierno municipal señaló que las violaciones a los planes parciales de desarrollo urbano impedían otorgar la licencia de habitabilidad, y la administración estatal comenzó una serie de auditorías sobre el uso de recursos públicos, pero no se han dado a conocer los resultados.

Terminados los Panamericanos comenzó a darse mantenimiento al inmueble para evitar su deterioro. Han transcurrido 27 meses desde entonces y, aunque al gobierno y a los constructores les urge recuperar la inversión, no se han encontrado alternativas.

Esta semana los constructores abrieron la villa a visitantes para mostrar lo amigable que es el complejo con el medio ambiente.

Gerardo Huerta Hoyos, director general de Corey Integradora, dijo que su empresa busca recuperar la inversión y al menos salir tablas, por lo que espera que el gobernador priísta Aristóteles Sandoval Díaz decida qué uso se dará al inmueble.

El mandatario ha sugerido convertirlo en residencia para personas de la tercera edad, aunque también se habla de destinarlo para oficinas públicas.

Por lo pronto, el millón de pesos mensuales que cuesta su mantenimiento –vigilantes, jardineros, personal de aseo, energía– aún se eroga. Según Huerta Hoyos, se busca abatir estos costos en espera de que se encuentre una solución (algunos ecologistas han sugerido demolerlo) para que deje de ser el principal elefante blanco de la infraestructura construida para los Juegos Panamericanos 2011.