El presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Saúl Vicente Vázquez, acusó a los indígenas zapotecas integrantes de la Asamblea Comunitaria de la Agencia Municipal de Álvaro Obregón (Acamao), de ser responsables de la agresión ocurrida el domingo en esa comunidad –con saldo de por lo menos dos heridos– y ser un grupo de no más de 70 personas armadas que realizan actos vandálicos... sometiendo a la población a un clima de terror por lo que solicitó a las autoridades estatales y federales un programa de desarme de este grupo.

Por su parte, la Acamao negó ser un grupo armado, señalando que la acusación del munícipe lleva la intención de desatar una feroz represión contra nuestro movimiento de autonomía y defensa territorial. Este se inició contra la empresa Mareña Renovables, que pretendía construir un parque eólico en la barra de Santa Teresa, en territorio de los indígenas ikjoots (huaves) de San Dionisio del Mar, que afectaría a los pescadores de Álvaro Obregón.

El pasado domingo, un grupo de personas, convocado por la presidencia municipal, efectuó una asamblea para elegir al agente municipal de Álvaro Obregón, pero la Acamao ya había designado –por usos y costumbres– a un cabildo comunitario desde el pasado 8 de diciembre, y se produjo un zafarrancho cuando los primeros trataron de recuperar el inmueble de la agencia municipal, en poder de los segundos.

En un comunicado, el munícipe pidió asimismo garantías y protección para él y los integrantes de la agencia municipal de Álvaro Obregón reconocida por el ayuntamiento, por las acusaciones y amenazas que han proferido este grupo de personas armadas en nuestra contra, así como una investigación judicial y de organizaciones de derechos humanos para que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de esa agresión.

La Acamao, integrante de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apidtt), señaló por su parte que la policía comunitaria de Álvaro Obregón fue nombrada por la asamblea comunitaria, sus armas son resorteras, la razón, la justicia comunitaria, y una asamblea comunitaria sólida y reflexiva.

Añadió que primero fueron el consorcio Mareña Renovables y el gobierno los que lanzaron una campaña de amenazas de muerte y persecución en su contra y hoy la ofensiva de las empresas trasnacionales y el Estado mexicano la encabezan Héctor Sánchez López, Alberto Reyna Figueroa, Roberto López Rosado, Leopoldo de Gyves de la Cruz, Mariano Santana López y Gloria Sánchez López, a través de Saúl Vicente Vásquez, todos miembros de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec. Aseveró que la vida en Álvaro Obregón continúa sin ninguna alteración.

En otro orden, José López de la Cruz, presidente municipal de Unión Hidalgo, también comunidad zapoteca colindante con Juchitán, donde la trasnacional española Demex construye la segunda fase de un parque eólico, informó que el pueblo está inconforme con que se construyan seis aerogeneradores a sólo 300 metros de las casas, por lo que se van a bloquear esas obras.

Indicó que el director general de Demex, Fernando Ballester, tiene hasta el 7 de abril para presentarse ante la asamblea de Unión Hidalgo a informar cuáles obras sociales aportará a la comunidad, ya que tiene tres años generando electricidad sin ningún beneficio para el pueblo.